El Gobierno declaró el estado de emergencia durante 60 días ante el peligro de déficit hídrico. La escasez de lluvias amenaza el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola y la ganadería en ocho provincias de la región.
Un total de 76 distritos de la región Ayacucho fueron declarados en estado de emergencia por peligro inminente de déficit hídrico, debido a la ausencia de precipitaciones y sus posibles consecuencias para el suministro de agua potable, las actividades agrícolas y la crianza de ganado.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 140-2026-PCM, publicado el 11 de octubre en el diario oficial El Peruano, y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
Durante este período, las autoridades regionales y municipales deberán adoptar medidas extraordinarias para reducir los riesgos y enfrentar las posibles consecuencias de la escasez de agua durante la temporada de lluvias 2026-2027.
La disposición responde a evaluaciones técnicas que advierten sobre una disminución progresiva de los caudales de los ríos y una reducción de las reservas almacenadas en los embalses.
PREOCUPACIÓN POR EL AGUA POTABLE
La situación también genera preocupación en la ciudad de Ayacucho, capital de la provincia de Huamanga, donde las altas temperaturas y la falta de precipitaciones han incrementado la demanda de agua.
Según información difundida por la empresa Seda Ayacucho, las reservas disponibles en los reservorios han disminuido, lo que ocasiona dificultades para abastecer determinadas zonas de la ciudad.
Los sectores ubicados a mayor altura son especialmente vulnerables a la reducción de la presión en las redes de distribución.
Si las condiciones climáticas persisten, podrían producirse restricciones adicionales en el suministro, afectando las actividades domésticas, la higiene y las necesidades cotidianas de la población.
AGRICULTURA Y GANADERÍA EN RIESGO
El déficit hídrico representa una amenaza para miles de familias que dependen de la agricultura y la ganadería en las provincias altoandinas.
La falta de precipitaciones puede afectar el desarrollo de los cultivos, disminuir la disponibilidad de pastos naturales y limitar el acceso al agua para el ganado.
Estas dificultades podrían provocar pérdidas económicas, especialmente entre pequeños productores que dependen de las condiciones climáticas para mantener sus actividades.
La situación también plantea riesgos para el abastecimiento de alimentos y la economía familiar en las comunidades rurales.
OCHO PROVINCIAS COMPRENDIDAS
La declaratoria abarca distritos de ocho provincias ayacuchanas: Sucre, Lucanas, Vilcas Huamán, Víctor Fajardo, Huanca Sancos, La Mar, Huanta y Huamanga.
Entre las localidades comprendidas se encuentran Querobamba, Coracora, Vilcas Huamán, Sarhua, Sancos, San Miguel, Huanta y Chiara.
Las autoridades deberán identificar las zonas con mayores dificultades y priorizar las intervenciones destinadas a proteger a la población.
La medida permite desarrollar acciones extraordinarias de prevención, respuesta y rehabilitación, de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción.
INCENDIOS FORESTALES AGRAVAN LA EMERGENCIA
La ausencia de precipitaciones también favorece la propagación de incendios forestales.
La vegetación seca, las temperaturas elevadas y los fuertes vientos aumentan el riesgo de que las llamas se extiendan rápidamente hacia terrenos agrícolas, pastizales y comunidades cercanas.
Durante las últimas semanas se reportaron emergencias de este tipo en diferentes localidades de Huamanga, Huanta, La Mar y otras provincias.
La combinación de sequía e incendios incrementa la vulnerabilidad ambiental y económica de la región.
AUTORIDADES DEBEN ACTUAR
La declaratoria establece que el Gobierno Regional de Ayacucho y las municipalidades involucradas deberán ejecutar medidas inmediatas, con la coordinación y el seguimiento técnico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
También participarán los ministerios y organismos públicos relacionados con la agricultura, la salud, la educación y el abastecimiento de agua.
Las intervenciones deberán financiarse con los presupuestos institucionales disponibles, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
La emergencia coloca a las autoridades ante el desafío de garantizar el abastecimiento de agua y proteger las actividades productivas, mientras persiste la incertidumbre sobre el comportamiento de las lluvias durante los próximos meses.
