Seis años después, tras negociaciones de ida y vuelta, una pandemia, mesas de diálogos, consultas previas y talleres, en Perú se ha aprobado la primera Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI). Una que articula a 40 entidades de 19 ministerios, con el objetivo de mejorar la vida de cerca de seis millones de peruanos pertenecientes a dichas comunidades. Es una política inédita dado el trabajo multisectorial y la participación ciudadana durante el proceso, y que incide en todos los niveles del Estado. Sin embargo, la magnitud de esta norma hace que su implementación no sea tarea fácil. “No es como una varita mágica”, asegura Julio Cusurichi, del Consejo Directivo de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización más grande de pueblos indígenas de la Amazonia peruana.
La PNPI, a cargo del Ministerio de Cultura, cuenta con nueve objetivos principales, entre los que se encuentran la titulación de las tierras, el efecto que tiene el cambio climático en sus medios de vida, aumentar la participación y el liderazgo de mujeres, garantizar los derechos de los pueblos en situación de aislamiento, el acceso a servicios de salud y educación o el respeto a los conocimientos tradicionales de las comunidades.
Melissa Sánchez, coordinadora de proyectos del programa de biodiversidad y pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala: “Es la primera estrategia nacional vinculante, donde los sectores que están incluidos en los objetivos tienen la obligación de implementarla”.
A través de estos objetivos y de las brechas encontradas, se establecieron 141 servicios públicos que el Estado debe brindar a través de diversos ministerios. Muchos corresponden a servicios básicos, como el acceso a agua, alcantarillado y conectividad, una de las grandes brechas del país. Otros son más específicos, como el reconocimiento y la protección de especies medicinales y alimentos nativos, basados en conocimientos tradicionales, para resguardar la seguridad alimentaria de los pueblos, a cargo del Instituto Nacional de Salud y su banco de semillas.
Si bien no todos estos servicios son nuevos, la política también distingue cuáles son los servicios existentes que deberían atender a la población indígena, pero no lo hacen. Así, la PNPI hace énfasis en esta brecha y muestra cómo atenderla con un enfoque intercultural y de derechos humanos.
Sánchez pone un ejemplo: los pueblos indígenas enfrentan una amenaza constante sobre sus territorios y muchos de sus líderes son asesinados por defenderlos. En Perú ya existe una política del Ministerio de Justicia sobre protección a defensores; sin embargo, no prioriza a las comunidades indígenas. La PNPI, entonces, reconoce su especial vulnerabilidad y las destaca. “Las aparta y las ilumina”, dice Sánchez, obligando así a Justicia a cumplir con estos nuevos objetivos e indicadores.
La relevancia de esta nueva política también radica en la participación de las comunidades a lo largo de todo el proceso, señala Ricardo García, director de políticas indígenas del Ministerio de Cultura. “Es la primera política multisectorial que se consulta en el país”, afirma. El proceso incluyó etapas informativas y talleres participativos —con más de 500 personas en seis regiones— durante la consulta previa, además de una evaluación interna con participación de organizaciones. “Ha sido un trabajo titánico”, dice. Añade que, por su carácter multisectorial y su alcance integral, la política se posiciona como un referente en la región, donde, si bien varios países cuentan con marcos legales avanzados en materia indígena, estos suelen estar más fragmentados.
De esta forma, el ministerio espera que al 2040, 7 de cada 10 integrantes de los pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos colectivos. Sánchez, de la SPDA, comenta que otro aspecto interesante en el documento nacional es la “mea culpa que hace el propio Estado” por todos los años donde hubo una vulneración estructural de los derechos de los pueblos indígenas.
Las comunidades reconocen que la implementación no será sencilla. “En el corto plazo, el impacto no se va a notar”, advierte Cusurichi, aunque subraya que se trata de un avance histórico: “En 204 años [de independencia] nunca hemos tenido una norma así”. Destaca que la política permitirá fortalecer una “educación y salud propias”, así como la justicia. “Pienso en una educación con nuestros profesores, salud con nuestros propios sabios, que tienen que profesionalizarse, pero no dejar nuestros conocimientos”, sostiene. También considera que la PNPI facilitará la llegada de programas sociales a la Amazonia, donde hoy tienen menor alcance que en la costa y la sierra.
Su implementación es uno de los mayores desafíos, dado que involucra a múltiples entidades del Estado y en distintos niveles. Según García, uno de los principales retos del Ministerio de Cultura es brindar asistencia técnica adecuada, con enfoque intercultural y de derechos humanos, a las oficinas de cada ministerio. Aunque Cultura diseña la política y define los objetivos e indicadores, los distintos sectores son los encargados de ejecutarla y prestar los servicios.
En esa línea, otro punto clave es que cada área cuente con el presupuesto y el personal necesarios para implementar los 141 servicios previstos. Como señala el líder de Aidesep: “La norma no soluciona los problemas; es solo un paso. Necesitamos su implementación, y eso requiere un presupuesto asignado”.
Uno de los pilares no negociables de la política, señala Cusurichi, fue la seguridad jurídica integral de los territorios, que implica no limitar la titulación a zonas agrarias en uso e incluir las franjas marginales de los ríos. “Ha sido un tema muy importante para nosotros y poco comprendido por las autoridades”, afirma. “Fue una posición firme y, con el tiempo, han ido entendiendo su relevancia”.
Y es que actualmente la mayoría de las problemáticas de los pueblos indígenas en el Perú están relacionadas con el territorio, explica Sánchez, quien junto con la SPDA ha acompañado todo el proceso desde 2019. No se trata solo de su reconocimiento oficial, sino también de las amenazas que enfrentan, en un contexto general de inseguridad marcado por la ilegalidad, que pone en riesgo sus vidas. “Los pueblos indígenas se relacionan con su territorio de una manera particular y es la base del ejercicio de cualquier otro de sus derechos relacionados”, menciona.
