César Astudillo, ministro del Interior de Keiko Fujimori, reconoció que la decisión de no remover a Óscar Arriola de su cargo como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) responde a lo establecido por la ley. La Ley 31570 —aprobada durante el Congreso pasado con respaldo fujimorista— se ha convertido así en un obstáculo para la nueva administración. Fuentes indicaron a este diario que el distanciamiento entre Óscar Arriola y los altos mandos policiales se ha ido acentuando en las últimas semanas. Según estas versiones, su salida de la comandancia general de la PNP era considerada solo cuestión de tiempo. La respuesta del Ejecutivo sería una modificación que todavía no ha sido presentada.
«Acá se procede con estricta sujeción al marco legal vigente. El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años. ¿Por qué pasó? Ya no es materia de análisis. Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley. El Ministerio del Interior no emitirá disposiciones fuera de la ley ni forzará una causal que no existe», señaló Astudillo durante su presentación ante la Cámara de Diputados.
Astudillo dejó en claro que, desde su sector, no existe conformidad con la norma aprobada por el Congreso en el pasado: «En el estricto cumplimiento del marco legal, propondremos modificar la mencionada ley», señaló.
Además, el titular de la cartera del Interior señaló que no busca dar un espaldarazo a la gestión que viene realizando Arriola al mando de la PNP. Sus comentarios llegan luego de que participara junto al comandante general en una rueda de prensa, donde afirmó que la tendencia de homicidios a nivel nacional registra una tendencia a la baja.
Las críticas a Arriola también provienen de especialistas en seguridad. El general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, indicó a La República que el perfil de Arriola no es adecuado para el puesto si es que se busca combatir la ola delincuencial.
«Hasta el día 18 del gobierno de Keiko Fujimori, hemos visto más de 100 homicidios con armas de fuego. Es superior a otros años. Si se quiere disminuir, debe cambiarse al comandante general. Él es especialista en investigación criminal y lo que necesitamos es un especialista en prevención. A nivel mundial, la tendencia es que la mayoría de efectivos se dediquen a la prevención. Prevenir permite evitar el delito; la investigación se da desde el delito para adelante. Lo que estamos viendo actualmente es que no hay capacidad», apuntó.
Una ley de color naranja
La Ley 31570 establece un cambio clave para la dirigencia policial. En resumidas cuentas, dispone que el jefe policial será designado por el presidente de la República y permanecerá dos años en el cargo, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año. Además, limita su cese anticipado a causales específicas —como muerte, pase a retiro solicitado por el propio comandante, incapacidad física permanente, falta muy grave o delitos—, reduciendo la posibilidad de que sea removido discrecionalmente antes de cumplir su periodo.
