El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y de sus familiares directos, en el marco de una nueva política migratoria dirigida contra personas que Washington acusa de contribuir a la corrupción o al narcotráfico. El embajador estadounidense en Lima, Bernie Navarro, defendió la medida y aseguró que su país debe actuar para proteger la confianza en las instituciones.
El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, defendió la decisión de Washington de retirar la visa al magistrado Juan Carlos Núñez Matos, titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, cuya actuación judicial ha cobrado relevancia por una resolución relacionada con el megapuerto de Chancay.
Navarro afirmó en una publicación difundida en la red social X que uno de sus objetivos como representante diplomático es promover las inversiones estadounidenses en el Perú, pero sostuvo que la corrupción y la inestabilidad jurídica afectan la confianza empresarial.
“Cuando vemos a un juez ponerse del lado de la corrupción y de los narcotraficantes para socavar las instituciones del país, tenemos que actuar para devolver la confianza en el sistema”, manifestó el diplomático.
La declaración constituye la posición del Gobierno estadounidense. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha difundido públicamente pruebas específicas que acrediten actos de corrupción o narcotráfico cometidos por Núñez Matos, ni ha señalado en su comunicado oficial que exista una condena judicial contra el magistrado por esos delitos.
NUEVA POLÍTICA DE VISADOS
La decisión contra Núñez Matos forma parte de una nueva política anunciada el 28 de septiembre por el Departamento de Estado bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense.
Washington indicó que la medida permite restringir el ingreso de ciudadanos extranjeros y sus familiares inmediatos cuando considera que sus actividades pueden generar consecuencias graves para la política exterior de Estados Unidos.
En el caso peruano, el comunicado identifica expresamente a Juan Carlos Núñez Matos y confirma la revocación de las visas del magistrado y de su familia. Medidas similares alcanzaron a ciudadanos de Bolivia, Colombia y Ecuador dentro de las acciones vinculadas con la iniciativa regional denominada Escudo de las Américas.
EL CASO DEL PUERTO DE CHANCAY
Núñez Matos adquirió especial notoriedad en enero de este año cuando declaró fundada una demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa que opera el megapuerto de Chancay.
La resolución ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) abstenerse de ejercer determinadas funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario.
Posteriormente, la Segunda Sala Constitucional de Lima revocó esa decisión y declaró improcedente la demanda, al considerar que el puerto de Chancay constituye una infraestructura de transporte de uso público sometida a las competencias de Ositrán. El caso continuó su trámite mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El puerto, operado por una empresa china, se ha convertido además en un punto relevante de la competencia económica y estratégica entre Estados Unidos y China en América Latina.
Navarro, sin embargo, no mencionó expresamente a Cosco Shipping ni al puerto de Chancay en el mensaje con el que justificó la revocación de la visa, por lo que vincular directamente la sanción con aquella sentencia supone una interpretación basada en el contexto del caso y no una explicación formal detallada por Washington.
NAVARRO RESPONDE A LAS CRÍTICAS
El embajador también rechazó que la actuación estadounidense responda a disputas ideológicas y aseguró que su Gobierno busca fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones que favorezcan la inversión.
La decisión ha provocado cuestionamientos sobre el alcance de las sanciones migratorias estadounidenses frente a decisiones adoptadas por funcionarios judiciales de otros países. Estados Unidos sostiene que determinar quién puede ingresar a su territorio forma parte de sus atribuciones soberanas en materia migratoria.
El Departamento de Estado presentó estas restricciones como parte de una política regional contra la corrupción y el narcotráfico, aunque en el caso específico del juez peruano no hizo públicas las evidencias que sustentaron su inclusión en la medida.
