La Fiscalía General de Bolivia abrió una investigación contra el expresidente Evo Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos de asesinato, tortura y privación de libertad relacionados con un operativo policial realizado en 2009, que dejó tres muertos y dos detenidos en Santa Cruz de la Sierra.
La Fiscalía General del Estado de Bolivia inició una investigación contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los acontecimientos ocurridos el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, durante una intervención policial que provocó la muerte de tres ciudadanos vinculados a un presunto grupo armado.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, comunicó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de las actuaciones, tras recibir una proposición acusatoria presentada por legisladores de la alianza opositora Libre.
La denuncia contempla la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones, tortura y privación de libertad, relacionados con la actuación de las autoridades durante el operativo.
La solicitud ingresó al Ministerio Público el 10 de octubre y fue remitida al Tribunal Supremo de Justicia el lunes 12, para su tramitación conforme al procedimiento especial aplicable a antiguos presidentes y vicepresidentes por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones.
La investigación se encuentra en una etapa inicial de recopilación y evaluación de antecedentes, por lo que todavía no existe una determinación judicial de responsabilidad penal contra los exmandatarios.
EL OPERATIVO QUE DEJÓ TRES MUERTOS
Los hechos investigados se remontan a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando efectivos policiales ingresaron al Hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, para intervenir contra un grupo que el Gobierno de Morales identificó como una presunta organización terrorista y separatista.
Durante la operación murieron Eduardo Rózsa Flores, ciudadano boliviano-croata; Michael Dwyer, de nacionalidad irlandesa, y Árpád Magyarosi, húngaro-rumano.
Otras dos personas, Mario Tadic y Előd Tóásó, fueron detenidas. Ambos denunciaron posteriormente haber sufrido torturas y malos tratos durante su detención.
En aquel momento, el Gobierno boliviano sostuvo que el grupo pretendía desestabilizar al país y promover acciones separatistas en Santa Cruz, región que mantenía importantes enfrentamientos políticos con la Administración de Morales.
Sin embargo, el operativo generó controversias por las circunstancias en que ocurrieron las muertes y por las denuncias de posibles violaciones de derechos humanos.
LA CIDH IDENTIFICÓ VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
El caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por familiares de las víctimas y sobrevivientes del operativo.
En su informe de fondo 394/21, el organismo concluyó que el Estado boliviano incurrió en violaciones de derechos fundamentales, entre ellas la privación arbitraria de la vida de Michael Dwyer, torturas, detenciones ilegales y vulneraciones de las garantías judiciales.
La Comisión también señaló deficiencias en las investigaciones realizadas por las autoridades bolivianas y la falta de esclarecimiento de las circunstancias exactas de algunas de las muertes.
Estos antecedentes constituyen parte de los elementos utilizados por los legisladores opositores para solicitar que se investigue la posible responsabilidad de Morales y García Linera.
EVO MORALES RESPONDE A LA INVESTIGACIÓN
El expresidente boliviano rechazó los cuestionamientos sobre su actuación y aseguró que las decisiones adoptadas durante su Gobierno estuvieron orientadas a preservar la unidad territorial del país.
Durante su programa en Radio Kawsachun Coca, Morales afirmó que cuenta con documentación para respaldar sus decisiones y adelantó que podría asumir personalmente su defensa, sin contratar un abogado, si se autoriza un juicio de responsabilidades.
También manifestó estar dispuesto a enfrentar las consecuencias judiciales de sus actuaciones, al sostener que su Gobierno actuó contra personas que, según su versión, pretendían dividir Bolivia.
Sus declaraciones contrastan con la posición de los denunciantes, quienes consideran necesario establecer las responsabilidades por las muertes y presuntas violaciones de derechos humanos.
POSIBLE JUICIO DE RESPONSABILIDADES
La Fiscalía deberá continuar con la recopilación de antecedentes y evaluar los elementos probatorios presentados por los denunciantes.
Si considera que existen fundamentos suficientes para promover un juicio de responsabilidades, deberá seguir el procedimiento establecido en la legislación boliviana, que contempla la intervención de la Asamblea Legislativa.
La autorización parlamentaria requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores, condición indispensable para avanzar hacia el juzgamiento de los exmandatarios mediante este procedimiento especial.
El proceso vuelve a colocar en el centro del debate político y judicial uno de los episodios más controvertidos de la Presidencia de Evo Morales, ocurrido hace más de 17 años.
La nueva investigación deberá determinar si existen responsabilidades penales individuales por aquellos acontecimientos, respetando las garantías procesales y el principio de presunción de inocencia.
