Los recursos asignados a prefectos y subprefectos alcanzan niveles máximos respecto a años anteriores, pese a las investigaciones fiscales sobre el uso o direccionamiento político de dichos funcionarios. Según el sistema de Consulta Amigable del MEF, en el 2025 el monto destinado para las autoridades políticas designadas por el Ministerio del Interior (que incluye a prefectos y subprefectos) es de S/76,1 millones.
De esta cifra, S/71,5 millones serán usados solo para el pago de planillas, 8,7% más que en el 2024 y casi 25% más en relación con el 2022, el último año de gobierno de Pedro Castillo, según cálculos del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
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Si bien dicho monto es una fracción menor del presupuesto del Mininter, actualmente excede los gastos del sector en otras actividades estratégicas, por ejemplo, la reducción de la minería ilegal (S/74 millones), que viene afectando la zona de Pataz, en la sierra de La Libertad.
A partir de una revisión de documentos oficiales, ECData encontró que desde enero del 2023 hasta fines de abril de este año se han nombrado a 1.653 prefectos y subprefectos, de los cuales 314 funcionarios (19% del total) asumieron sus funciones en las dos últimas gestiones ministeriales, a cargo de Juan José Santiváñez y Julio Díaz [ver gráficos].
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De esta cifra, 155 prefectos y subprefectos (49%) han tenido o tienen afiliación a algún partido político o movimiento regional. En este grupo, 44 autoridades mantienen relación con una agrupación. Entre aquellas con más militantes están Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Renovación Popular y Fuerza Popular.
En respuesta a un pedido de acceso a solicitud de información pública, la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del ministerio, informó a este Diario que, al cierre contable de abril, 1.635 prefectos y subprefectos habían percibido remuneraciones por parte del Estado.
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Según el Reglamento de Organización y Funciones del Mininter, entre sus principales atribuciones figuran la organización de los comités de seguridad ciudadana, la participación en acciones de defensa civil, la gestión de riesgo de desastres, así como el otorgamiento de garantías a las concentraciones públicas y espectáculos.
Sin embargo, su rol como representantes políticos no está libre de controversia. En la imputación penal del Caso Los Waykis en la Sombra, la fiscalía acusa a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, de haber gestado una presunta organización criminal dedicada al copamiento de las designaciones de prefectos y subprefectos para que a través de ellos se recaben fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.
Idoneidad bajo la lupa
¿Son indispensables estas figuras políticas? Paula Muñoz, politóloga de la Universidad del Pacífico, considera que dicha estructura no existe por razones técnicas, sino más por motivaciones políticas. La institución, heredada de un tiempo en el que no había descentralización, dejó de ser pertinente con la creación de los gobiernos regionales, con funciones redundantes o poco claras.
“La pregunta sería si otro espacio del Estado puede asumir esas funciones y eliminar una institución obsoleta, residual, que se presta a suspicacias. Hay que entrar en la discusión sobre si vale la pena mantenerla por el costo que tiene o si sus recursos podrían ser mejor utilizados en otra cosa”, comentó.
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Jorge Morel, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, considera que, si bien debe efectuarse un análisis técnico sobre su permanencia, con un replanteamiento de funciones o una formación más profesional podrían cumplir un rol de representación política desde un perfil más técnico para la articulación con los gobiernos subnacionales.
“Ese rol podría tener algún beneficio en el mediano plazo, como una intermediación con las autoridades regionales, provinciales y municipales, que en el caso peruano no responden al partido de gobierno”, anotó.
