La administración de Donald Trump ha dado un giro radical a la política migratoria en Estados Unidos. A partir de ahora, cualquier inmigrante indocumentado que sea detenido en territorio estadounidense permanecerá encarcelado hasta que las cortes migratorias determinen si debe ser deportado o puede permanecer en el país. Así lo establece un memorando emitido por el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, el pasado 8 de julio, que ha comenzado a implementarse en todo el país.
La medida, que afecta potencialmente a millones de personas, elimina de facto el derecho a audiencias de fianza para los inmigrantes en situación irregular, una práctica habitual que permitía a miles de ellos esperar en libertad —aunque supervisados— la resolución de sus casos. A partir de ahora, quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos, o incluso aquellos que llevan años residiendo sin documentación regular, deberán permanecer bajo arresto “durante la totalidad de su proceso de remoción”, según señala el documento oficial.
La prisión como norma, no como excepción
El sistema migratorio estadounidense históricamente permitía que los indocumentados detenidos solicitaran una audiencia de fianza, salvo en casos con antecedentes criminales graves. Con esta audiencia, muchos obtenían la libertad provisional mientras avanzaban sus trámites ante las cortes. Esta alternativa ya no será posible bajo la nueva directriz, que establece el encarcelamiento obligatorio durante todo el proceso migratorio, el cual puede prolongarse durante meses o incluso años.
La decisión no distingue entre recién llegados y personas con años de arraigo en el país, incluso con hijos nacidos en Estados Unidos. Según fuentes oficiales de la administración Trump, la orden busca evitar que los inmigrantes evadan sus procesos una vez liberados y garantizar que quienes no califiquen para asilo u otra protección sean deportados de forma más rápida y efectiva.
Megacentros y desafíos logísticos
El cambio de política coincide con un ambicioso plan del gobierno federal para ampliar significativamente la capacidad de detención migratoria. La nueva ley presupuestaria incluye más de 45.000 millones de dólares destinados a extender la infraestructura del ICE. El objetivo: pasar de los actuales 56.000 cupos oficiales a 100.000 plazas en centros de detención en los próximos cuatro años.
Mientras tanto, la administración ya ha comenzado a reabrir centros cerrados durante el gobierno anterior y a inaugurar megacentros como el polémico “Alligator Alcatraz”, un gigantesco complejo penitenciario para inmigrantes ubicado en Florida, que sería el primero de otros cinco proyectados.
Actualmente, según datos oficiales, más de 60.000 personas están privadas de libertad por razones migratorias en Estados Unidos, una cifra que ya supera la capacidad formal del ICE.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
La decisión del gobierno ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos civiles y de asistencia legal a migrantes. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió sobre un aumento “explosivo” de casos en los que las cortes ya niegan audiencias de fianza, incluso en estados tradicionalmente más garantistas como Nueva York y Oregón.
“Se está eliminando la revisión individual de cada caso y encerrando a miles de personas sin opción alguna”, denunció Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de AILA, en declaraciones al Washington Post.
Diversos expertos también alertan que la saturación del sistema podría agravarse y que las condiciones en los centros de detención, ya cuestionadas por problemas de hacinamiento y denuncias de abusos, empeorarán con la implementación de esta medida.
Una estrategia para desalentar nuevos ingresos
Para los defensores de una política migratoria más estricta, como el Centro de Estudios de Inmigración, esta es la respuesta adecuada. “Si una persona permanece detenida, prácticamente se garantiza su deportación si pierde el caso”, afirma Mark Krikorian, director de la entidad. En su visión, la eliminación de la posibilidad de libertad provisional también enviará un mensaje disuasorio a quienes estén considerando migrar hacia Estados Unidos de forma irregular.
Sin embargo, desde el propio ICE reconocen que esta estrategia enfrenta límites operativos. Según su último informe, más de 7,6 millones de migrantes se encuentran en libertad condicional en Estados Unidos a la espera de la resolución de sus casos, debido precisamente a la falta de infraestructura para mantenerlos a todos bajo custodia.
A ello se suman las demandas judiciales que diversas organizaciones planean interponer contra la medida, por considerarla contraria a las garantías procesales del sistema estadounidense y al derecho internacional en materia de asilo.
Por ahora, el memorando firmado por Lyons ya se aplica en todo el país. La administración Trump avanza en su objetivo: endurecer como nunca antes la política migratoria de Estados Unidos. Y para miles de inmigrantes detenidos, la prisión será su nueva realidad hasta que una corte decida su futuro.
