“Entre preferir la incomprensión de algunos y mi mandato ante la patria, preferí cumplir el deber de recuperar el país”, dijo Dina en su mensaje de 4 horas y media. Fue en los minutos iniciales, con el auditorio despierto y cuando ella aún no mostraba signos de fatiga y contractura.
“Hemos pagado las consecuencias de esta decisión patriótica”, subrayó, para que se entienda de no estaba rindiendo cuentas, sino -¡cómo decirlo con elegancia!- ‘pasando una factura’ a sus aliados para que velen por su futuro. Para los distraídos, lo dijo más clarito: “Sostener la democracia implicó enfrentarnos a poderes fácticos, que pretenden que al enfrentar innumerables investigaciones y denuncias fiscales o extender este acoso a funcionarios de mi gobierno e, involucrar incluso a miembros de mi familia; doblegarían mi compromiso con el Perú”. Esta victimización en la pira de la oposición, no se entiende sin esta otra frase: “La narrativa que se ha construido ha estado dirigida a convertir a la presidenta en el chivo expiatorio”.
“Hemos pagado las consecuencias de esta decisión patriótica”, subrayó Dina para que se entienda de no estaba rindiendo cuentas, sino -¡cómo decirlo con elegancia!- ‘pasando una factura’ a sus aliados para que velen por su futuro”
Cuando un político señala con el dedo una narrativa ajena es porque a la vez está contando la propia. Citemos lo que ella dice de sus enemigos y veremos lo que quiere que le creamos de sí misma: “Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional (…), fuimos los victimarios; los golpistas en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno, buscaron dañar la imagen institucional de nuestro país”.
En resumen preliminar, la narrativa de Dina es que ella, por enfrentarse a quienes añoran a Pedro Castillo, es victimizada por la fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Se suman al coro de sus victimarios los radicales de izquierda, ya sean perulibristas u otros.
“Su mayor esperanza [de Boluarte] contra un futuro judicial aciago es que en los meses que vienen, mientras sea presidenta, se debilite el aparato persecutorio de la fiscalía de la Nación y se impongan sentencias, tendencias y contrareformas que (des)criminalicen a los políticos”.
Algunos de estos últimos se manifestaron en el hemiciclo mientras ella hablaba (en especial, Wilson Quispe, de Juntos Por el Perú, que se puso al centro enfundado en un polo con consignas); y están, por supuesto, los ‘caviares’ que le han hecho denuncias internacionales por los muertos en las protestas y aquí alientan -esta parte de la narrativa tiene mucho eco en el Congreso- las denuncias del Ministerio Público contra ella. Lo más dramático de este relato es que lo sostiene una presidenta con una aprobación ciudadana dentro del margen de error (no supera un rango de 2% a 4% en las últimas encuestas). Por lo tanto, lo que intente hacer para afirmarla, se estrellará contra un muro de escepticismo popular y de apatía de sus aliados.
En el discurso, Dina invoca la ‘gesta’ que, supuestamente, peleó con fuerzas del Congreso y las FFAA desde antes del 7 de diciembre como si ella hubiera sido miembro de la oposición a Castillo.
Pero el anticastillismo de Dina floreció automáticamente cuando juró el 7 de diciembre; no antes. Desde ese día no solo se ha establecido una suerte de alianza de gobernabilidad con la mayoría congresal, sino que ha provisto al Congreso de algunas iniciativas legislativas u observaciones favorables a leyes aprobadas, que golpean a sus presuntos enemigos comunes, como la prensa y la ONG.
Recientemente, las FFAA llevaron lejos un proyecto de reglamento de respeto a los símbolos patrios, bastante represivo, que fue -por suerte- desalentado por ministros civiles. Pero no vimos ni oímos a la presidenta desalentarlo. Dina siente que puede contar, para atenuar las tribulaciones que tendrá a partir del 29 de julio del 2026, con la mayoría congresal y con las Fuerzas del Orden, quienes sí han sido beneficiadas con normas y gasto.
Pero la preocupación de una y la deliberación de las otras, ¿acaso se sentirán obligadas a pagar factura alguna o siquiera compadecerse? ¿Qué está haciendo, qué puede hacer la presidenta para provocar esa compasión?
Otra historia
Hay un visible acomodo de la historia reciente en boca de Boluarte, pues ella no fue parte visible de una ‘gesta’ anti castillista ni mucho menos.
Fue miembro silencioso de todos los gabinetes de Castillo, hasta el 26 de noviembre del 2022, tan solo 10 días antes de que el golpe y caída de Pedro la agarrara de sorpresa.
El bloque vacador en el Congreso no contaba con ella y la prueba es que, hasta el día 5 de diciembre, 2 días antes de jurar, se mantuvo abierta la posibilidad de que la Comisión Permanente la acusara ante el pleno por infracción de la Constitución (acusada de haber violado la dedicación exclusiva a ser ministra, haciendo gestiones para el Club Apurímac).
Si Dina no hubiera gobernado, lo hubiera hecho el entonces presidente del Congreso, José Williams y, como manda la Constitución, ya se hubieran producido las elecciones. Pero eso es historia contrafáctica, volvamos a la realidad.
Si Dina no fue vacada, se debió en buena parte al eficaz lobby ante congresistas que hizo su entonces abogado Alberto Otárola. Ya en el poder por el que bregó, él sostuvo con más ahínco que ella, como su ministro de Defensa y luego como su primer ministro, la narrativa de que los líderes ocultos de las protestas en los 3 primeros meses del gobierno, eran poco menos que castillistas ‘filoterrucos’.
Mientras Alberto, altisonante, prometía que las protestas no llegarían a Lima, Dina meditaba un adelanto de elecciones que hubiera sido el más temprano e incruento plan de salida dinista. Haber sacado y labrado una enemistad con Otárola, va a debilitar cualquier plan de salida que improvise.
Es cierto que la mayoría congresal ha respaldado la gobernabilidad dinista cada que la protesta, las investigaciones fiscales y los escándalos (Rolex, cirugía, viajes, Nicanor Boluarte y los ‘waykis en la sombra’) la pusieron contra las cuerdas; pero es un respaldo condicional, relativo, que difícilmente se proyectaría -si el mismo bloque ostentara posiciones de poder- más allá del 28 de julio del 2026. Lo que tantas veces hemos advertido sobre la distancia electoral que tomarán las bancadas y partidos con aspiraciones al 2026, se está cumpliendo en varios casos. Renovación Popular ya pasó a la abierta oposición, hecho que cuestiona el corazón de la narrativa dinista en la cual la presidenta es víctima del castillismo y afines ¿acaso Rafael López Aliaga es un castillista ‘filoterruco’? Tampoco calificaría como tal Avanza País, que ha decidido no participar en la mesa directiva del Congreso identificado por su respaldo al Ejecutivo.
Por subrayar sus mensajes pidiendo apoyo y auxilio al Congreso, Dina se pregunta qué hubiera sucedido si ella no asumía el gobierno y responde que seríamos “un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido…”.
El texto aprobado en Consejo de Ministros y distribuido a los congresistas y a los periodistas -lo tengo a la vista- seguía “…es decir, un paria internacional”. Pero Dina se comió al ‘paria’ y dijo esto: “…como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y como otros tantos más”. Escándalo diplomático. No con Venezuela con quien ni mantenemos relaciones, ni siquiera con Cuba, con quien tenemos una relación distante; sino con la vecina Bolivia, con quien la cancillería hace observación y trabajo de sumo cuidado. El canciller Elmer Schialer ha tenido que poner paños fríos pero Dina no sale a aclarar ni atenuar sus palabras.
¿Qué la llevó a salirse del libreto aprobado por el gabinete y enturbiar nuestra política exterior? La respuesta sugiere algo más que un pedido de auxilio a los partidos y gremios que se sientan agradecidos por sus servicios prestados.
Dina, con ese exabrupto, ha mostrado que es capaz de acciones firmes para librarnos del satanizado enemigo comunista. De esta forma, busca el aplauso de la platea congresal de derecha temerosa de los antisistemas. Sin embargo, es la propia derecha la que lidera, con amplio margen a favor, la intención de voto y la identificación ideológica del electorado. El peligro comunista que ella ayudaría a conjurar, venga de nuestras urnas o de Bolivia o de la CIDH, no es tan inminente.
Si hubiera una segunda vuelta entre dos derechistas o centroderechistas, ¿quién se va a rasgar las vestiduras por Dina o por Bolivia? Si en la segunda vuelta hubiera un izquierdista o antisistema, tendría razones, más bien, para alegar que Dina no asegura elecciones limpias. Cualquier percepción de que Dina favorezca a un candidato sería un bumerán para el presunto favorecido. El plan de salida haría agua si hay favoritismo electoral. Como haría agua un plan de asilo; pues ningún gobierno regional enturbiaría, por una presidenta accidental, sus relaciones con un próximo gobierno quinquenal.
La narrativa y cualquier plan de salida sin riesgo judicial, hace agua por varios ángulos. La mayoría congresal no simpatiza con Dina, sólo la acompaña y no dudará en marcar distancia cuando lo juzgue conveniente. Ya le ha censurado ministros y negado algunos viajes. La presidenta no tiene quien la defienda fuera de su órbita.
El único partido que la reivindica, Ciudadanos Por el Perú, concebido por su hermano Nicanor aunque no figure ni como afiliado; no tiene mayor expectativa de futuro. Aún si viéramos la postulación presidencial de Morgan Quero -flamante afiliado- o de algún otro personaje ligado a Dina; ello difícilmente pasaría de una noticia insólita. Su mayor esperanza contra un futuro judicial aciago es que en los meses que vienen, mientras sea presidenta, se debilite el aparato persecutorio de la fiscalía de la Nación y se impongan sentencias, tendencias y contrareformas que (des)criminalicen a los políticos. A ello apuntará en su plan de salida. Decir que “no somos colonia de nadie” a raíz del pedido de la CIDH para que el gobierno intervenga ante el Congreso y detenga la posible aprobación de una ley de amnistía a militares y policías; es un oportuno guiño a quienes buscan armarse contra la persecución judicial.
Cada revés de los fiscales, cada triunfo de procesados como Keiko Fujimori, Ollanta Humala o Susana Villarán, cada sentencia del TC que quite filo a la judicialización de la corrupción política; serán buenas noticias para una presidenta cuyo plan y narrativa de salida, si los tiene, son tan débiles que aumentan su estrés judicial y el comprensible pánico de ser la primera mujer en Barbadillo.
El caso de los muertos en las protestas sería insalvable en los tiempos en los que se encausó a Fujimori; pero hoy tiene más probabilidades de ser esquivado. Quizá más ominosas que las víctimas mortales resulten algunas de las denuncias constitucionales sobre temas de corrupción, desde la recepción de los Rolex hasta su relación con el caso de los Waykis en la Sombra, que podrían poner a Dina en serios aprietos cuando cese su inmunidad absoluta.
