El expresidente Martín Vizcarra enfrenta nuevamente, desde este miércoles 13 de agosto, un pedido de prisión preventiva, luego de haberse librado de que le impongan esa medida hace menos de dos meses.
La escena parece repetida: el pedido es hecho por el mismo fiscal, y será defendido por el mismo abogado. El caso por el que se le procesa es el mismo y las condiciones a evaluar para imponerle la medida son las mismas. La única y más importante diferencia pasa por el protagonista de la decisión: el juez que resolverá esta vez es uno distinto, el cual se aboca al caso del expresidente por primera vez.
Esta vez, el pedido será evaluado por el juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. Se trata de un magistrado que en el pasado dictó detenciones preliminares, prisiones preventivas o arrestos domiciliarios para procesados como la exalcaldesa Susana Villarán, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el congresista José Luna Gálvez, el exasesor Jaime Villanueva o el abogado Humberto Abanto.
Además, Chávez Tamariz es el tercer juez de primera instancia que evaluará si Martín Vizcarra va a prisión preventiva por este caso. Antes, la jueza María Álvarez rechazó el primer pedido en marzo del 2021 y el juez Víctor Alcocer hizo lo mismo en junio pasado. Ambos consideraron que no había suficiente peligro de fugo y optaron por solo darle comparecencia con restricciones.
El pedido de prisión preventiva forma parte del proceso judicial que persigue a Martín Vizcarra desde octubre del 2020, en las últimas semanas de su gobierno. Dentro de este, el expresidente es acusado de haber solicitado y recibo coimas por S/ 2.3 millones de parte de constructoras que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014).
De acuerdo con el equipo especial Lava Jato, las constructoras Obrainsa e ICCGSA pagaron S/ 1 millón y S/ 1.3 millón a Martín Vizcarra por la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. Los pagos se concretaron, de acuerdo con la imputación, entre el 2014 y el 2016. Por ello, se piden 15 años de condena en su contra por el delito de cohecho (soborno).
La investigación fiscal se realizó entre octubre del 2020 y diciembre del 2022, cuando se presentó la acusación penal. El posterior juicio comenzó en octubre del 2024 y a la fecha sigue en desarrollo en el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional. Desde este mes, el juicio se realizará a ritmo de dos audiencias por semana, con lo que la sentencia del caso se prevé para fines de año.
En el juicio, testigos y colaboradores eficaces han declarado haber entregado el dinero de los sobornos al expresidente o haber tenido conocimiento de los pagos. En tanto, la defensa del expresidente rechaza la acusación y considera que los testimonios en su contra no se corroboran. La fiscalía confía en que Martín Vizcarra será condenado y el abogado del expresidente, en que será absuelto.
Aun así, el juicio ha demorado más de lo previsto, al punto que todas las reglas de conducta y restricciones que tenía Martín Vizcarra dentro del proceso ya vencieron. Ante la proximidad de la sentencia y al considerar que hay un riesgo de que fugue del país o pida asilo político -posibilidad negada por el expresidente- la fiscalía pidió en junio pasado que se le impongan seis meses de prisión preventiva. En ese plazo, consideran, el juicio ya debería haber resultado en una sentencia. El Ministerio Público quiere evitar nuevos casos de procesados que fugan antes de ser sentenciados, como la ex primera dama Nadine Heredia o el exviceministro Jorge Cuba.
El pedido fue evaluado a fines de junio por el juez Vïctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. Luego de dos días de audiencia, el magistrado anunció su decisión el viernes 27 de ese mes: rechazó darle prisión preventiva al expresidente al no evidenciar suficiente peligro de fuga, pero sí le impuso restricciones (como la de no acudir a embajadas) e impedimento de salida del país por seis meses.
Ni la fiscalía ni la defensa de Martín Vizcarra quedaron conformes y el tema se volvió a revisar en julio pasado en una audiencia de apelación. Luego de revisar la decisión de primera instancia, la sala superior decidió anularla y ordenar que un nuevo juez vuelva a resolver el pedido de prisión preventiva.
Por mayoría, en una resolución emitida el pasado 25 de julio, la sala le dio la razón al Ministerio Público y concluyó que el juez Víctor Alcocer incurrió en contradicciones al momento de resolver el pedido fiscal y no fundamentó correctamente su decisión. A su vez, también le dieron la razón a la defensa al concluir que el magistrado de primera instancia no analizó todos los elementos presentados por ellos y que se habría equivocado en su análisis.
“Este colegiado superior verifica que, en el presente caso, el a quo (el juez de primera instancia) incurrió en vicios estructurales, particularmente: motivación sustancialmente incongruente y vicios de razonamiento como es contradicción lógica, además de defectos de motivación por elusión de la cuestión, por lo queda relevado el análisis de la cuestión de fondo y, por lo contrario, declarar nula la resolución apelada con la finalidad de que se restablezca la causa al estado anterior a los vicios incurridos y sea otro juez quien emita nueva resolución”, concluyó la sala.
La semana posterior, el incidente fue asignado, de forma aleatoria, a otro juez de primera instancia la Corte Superior Nacional: Jorge Chávez Tamariz.
¿Quién es el juez que resolverá el pedido?
Jorge Chavez Tamariz es uno de los jueces más experimentados de la Corte Superior Nacional, solo por detrás de su colega Richard Concepción Carhuancho. Desde marzo del 2019 a la fecha, ha estado a cargo de casos complejos y emblemáticos como los de Susana Villarán (No a la revocatoria y Rutas de Lima), Pedro Pablo Kuczynski (Caso Westfield), Podemos Perú (José Luna Gálvez), Cuellos Blancos del Puerto, Dinámicos del Centro (Vladimier y Waldemar Cerrón), César Villanueva y Caso Arbitrajes (ambos parte del caso Odebrecht), entre otros más ligados a criminalidad violenta, como el Tren de Aragua y Los Hijos de Dios.
Entre sus decisiones más recordadas está las órdenes de prisión preventiva impuestas a la exalcaldesa Susana Villarán, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el exministro vizcarrista César Villanueva y a un grupo de abogados investigados por el Caso Arbitrajes (esta última decisión fue revocada luego en segunda instancia, mientras que la de PPK fue variada a detención domiciliaria). También impuso detención domiciliaria al hoy congresista José Luna Gálvez, medida que se vio obligado a variar luego de que ese fue elegido congresista en el 2021.
También impuso prisión preventiva a un grupo de investigados ligados a Perú Libre en el Caso Dinámicos del Centro, dentro del cual también rechazó los intentos de Vladimir Cerrón de ser excluido de su investigación por organización criminal. A fines del 2023, dictó la orden de detención preliminar contra Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, que dio origen al llamado ‘Operativo Valkiria’, el cual derivó en la caída de la entonces titular del Ministerio Público.
Más recientemente, determinó que las acusaciones contra PPK y Susana Villarán avancen a juicio oral e impuso 36 meses de impedimento de salida del país a la exalcaldesa,cuyo juicio iniciará el próximo 23 de septiembre. Por otro lado, rechazó el pedido de la fiscalía para suspender el cobro del peaje en la Línea Amarilla, dentro de otro proceso ligado a la extitular de la Municipalidad de Lima.
Aun así, es la primera vez que el juez conocerá el caso de Martín Vizcarra y las presuntas coimas por obras en Moquegua. El pasado viernes, día en que la realización de la audiencia se postergó para este miércoles, anunció que su análisis del caso será rápido y pidió a las partes ser concretas en sus sustentaciones.
Según adelantó, dará a la fiscalía hasta 50 minutos para exponer los “elementos de convicción” o evidencia del caso (25 minutos como máximo por Lomas de Ilo y 25 por Hospital Moquegua) y otros 20 minutos para el “peligro procesal”, es decir, para que argumente porque hay riesgo de fuga. El mismo tiempo se dará a la defensa para su contraargumentación. “La réplica y la dúplica se desarrollarán en un promedio de 10 minutos. Si tengo preguntas adicionales, será un nuevo debate y se desarrollará con un nuevo tiempo”, agregó.
La intención del magistrado es terminar todo el debate e incluso anunciar su decisión ese mismo día. Sin embargo, lo más probable es que su resolución termine siendo dictada en una jornada posterior dentro de esta misma semana.
En diálogo con El Comercio, el penalista Miguel Reyes destacó la experiencia del juez Chávez Tamariz en este tipo de casos y comentó que “lleva bien sus audiencias”, sin tener un criterio “estándar” de darle siempre la razón a la fiscalía o a las defensas. “Es un juez que resuelve conforme establece el Código, por eso tiene años (en la Corte Superior Nacional)”, comentó.
En tanto, el penalista Andy Carrión dijo que “por lo general, aunque no siempre, (el juez) es muy dado a acceder a las solicitudes de la de la fiscalía». “Hay casos paradigmáticos en los que se ha decidido a favor de las defensas, pero en estos temas de restricciones de derechos, por lo general, ha resuelto a favor de la fiscalía. Entonces por ahí habría cierta tendencia”.}
Para Miguel Reyes, lo más probable es que el juzgado rechace imponer prisión preventiva al expresidente, a menos que la fiscalía presente un nuevo elemento contundente sobre un peligro de fuga.
“Por lo general, los jueces son más severos, si lo quieres ver así, en el dictado de medidas cautelares, como la prisión preventiva, cuando se piden durante la investigación preparatoria”, recordó. En este caso, en cambio, ya se está en pleno juicio oral. Sobre el “peligro procesal”, indicó que no hay riesgo de obstaculización porque el juicio está en desarrollo, mientras que el peligro de fuga no sería suficiente.
“No veo que haya una intensidad de tal magnitud para que se declare fundada la prisión preventiva (…) La probabilidad de que se declare fundado es poca, salvo que exista pues algo manifiesto, que el fiscal demuestre en la audiencia de prisión preventiva de que el señor, efectivamente, está preparando su huida”, añadió el penalista.
En la misma línea, Andy Carrión consideró que los elementos presentados inicialmente por la fiscalía no fueron lo suficientemente contudentes para dictar una prisión preventiva. Sin embargo, consideró que la decisión de la sala de apelaciones “ha sugerido” que se debe fallar a favor de la prisión, lo que hace complicado predecir un resultado.
“Si declararon nula (la resolución anterior) es porque para ellos existirían algunos elementos que deberían evaluarse con tendencia a una decisión distinta, que sería de una prisión preventiva. Entonces, por ahí hay cierta predisposición por parte del de la sala para imponer una prisión preventiva; pero es muy complicado hacer una proyección porque, a diferencia de otros casos, en este caso no hay un elemento contundente por parte de la fiscalía que diga que Martín Vizcarra va a fugar».
El penalista Miguel Reyes consideró que una comparecencia con restricciones sería suficiente para asegurar que Martín Vizcarra se someta al proceso. “Se puede pedir una caución fuerte, se puede pedir que firme (un control) todas las semanas, que tenga ciertas prohibiciones, que no pueda salir del país, y con eso realmente lo va a cautelar”, añadió.
Finalmente, Andy Carrión indicó que los casos de otros procesados por la trama Lava Jato que fugaron a poco de ser sentenciados, como la ex primera dama Nadine Heredia y el exviceministro Jorge Cuba, no influyen directamente en este caso, pero pueden suponer un elemento de “presión” detrás de lo que decida el juez.
