El gobierno peruano anunció hoy un paquete de medidas para enfrentar la creciente ola de extorsiones y homicidios que afectan a pequeños comerciantes, transportistas y sectores vulnerables del país. Las autoridades señalan que la violencia organizada ha alcanzado niveles alarmantes, lo que ha motivado la intervención del Estado en zonas críticas del país.
Según informes recientes, el número de homicidios y actos de extorsión en la metrópolis de Lima y en la región de Callao ha subido considerablemente respecto al año anterior, alimentando un descontento público que se combina con la inestabilidad política.
Empresarios y conductores de transporte público han denunciado que grupos criminales cobran “cuotas” bajo amenaza de violencia, lo que incrementa los costos de operación y afecta el ingreso familiar.
Medidas adoptadas
• El gobierno ha determinado la creación de una unidad especial de investigación y persecución de extorsión, que contará con colaboración interinstitucional entre la policía, las Fuerzas Armadas y el sector jurídico.
• Se priorizarán operativos en zonas identificadas como “puntos calientes”, especialmente en barrios populares donde la presencia estatal es limitada y el reclutamiento de bandas es mayor.
• Se impulsará un programa de protección de víctimas y testigos, con recurso de víctimas de extorsión o amenazas, para reducir la impunidad y facilitar denuncias.
• El Ejecutivo anunció también una mayor coordinación con los gobiernos regionales y municipales para instrumentar políticas de prevención, como cámaras de vigilancia, iluminación pública y patrullaje intensivo en el transporte público.
Estas acciones pretenden disminuir la percepción de inseguridad que golpea fuertemente a la población y ha sido un factor determinante en la reciente crisis política. No obstante, los analistas advierten que el impacto dependerá de la sostenibilidad de los programas, de la transparencia en las operaciones y de si se logran reformas estructurales en el sistema de justicia y seguridad.
El desafío es especialmente grande en un escenario donde la desconfianza hacia las instituciones es alta y la rotación política —con varios gobiernos en pocos años— complica la continuidad de políticas.
Se espera que en las próximas semanas el gobierno publique un informe de línea base sobre niveles de extorsión y homicidios por distrito, acompañado de metas claras para el primer semestre de 2026. También se anticipa que los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil realicen un seguimiento cercano de los avances para evaluar tanto la eficacia como los posibles excesos en el uso de facultades especiales.
