La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este lunes la posición del Ejecutivo de mantener la defensa del bolívar como única moneda oficial, en un contexto marcado por presiones económicas y señalamientos internacionales. Durante un encuentro con representantes del sector comercial, Rodríguez descartó de manera tajante cualquier posibilidad de dolarización y aseguró que existe una “campaña psicológica y mediática” destinada a debilitar la confianza en la moneda local y promover agendas externas.
Según las cifras presentadas por la funcionaria, la economía nacional registró un crecimiento del 8,71 % durante el tercer trimestre de 2025, indicador que —según afirmó— refleja la capacidad del país para sostener su actividad productiva pese a los factores adversos. El Ejecutivo sostiene que esta evolución responde al fortalecimiento de la industria interna y a la implementación de políticas que buscan consolidar la soberanía monetaria.
No obstante, economistas independientes advierten que el escenario real es más complejo. Proyecciones recientes estiman que la inflación podría superar el 800 % en 2026, un nivel que encendería nuevamente las alarmas sobre una posible espiral hiperinflacionaria. A ello se suma la caída sostenida de la producción petrolera, principal fuente de ingresos del país, lo que compromete la estabilidad fiscal y reduce la capacidad del Estado para financiar su política económica.
A pesar de estas advertencias, el Gobierno insiste en que la defensa del bolívar es un asunto estratégico. Rodríguez señaló que existen actores internacionales interesados en propiciar la dolarización regional y afirmó que Venezuela “no aceptará lineamientos externos” que busquen dirigir su política monetaria. En su intervención, llamó al sector privado a acompañar la consolidación del sistema financiero nacional y a fortalecer los mecanismos de pago en moneda local.
El discurso oficial busca sostener la confianza en el bolívar en un momento en el que el país enfrenta presiones internas y externas, y donde los indicadores proyectan un panorama de riesgos crecientes para 2026. La postura del Gobierno se enmarca en su narrativa de defensa de la soberanía económica ante un entorno regional y global cada vez más desafiante.
