La minería ilegal permanece como uno de los principales desafíos políticos y ambientales para el Perú, y en este 17 de noviembre la coyuntura nacional vuelve a poner en el centro del debate la inacción del Ejecutivo y el Congreso. Pese a constantes llamados de gremios regionales, comunidades indígenas, ONGs ambientales y observadores internacionales, los órganos estatales han aplazado las reformas legislativas y operativos orientados a detener la expansión de la minería informal, especialmente en regiones críticas de la Amazonía como Madre de Dios.
Las repercusiones de esta actividad ilegal van más allá del deterioro medioambiental: la deforestación masiva, la contaminación de fuentes hídricas por mercurio y el desplazamiento de comunidades rurales son apenas una parte del complejo entramado delictivo que acompaña el fenómeno. Informes recientes alertan sobre el crecimiento de economías paralelas asociadas a la criminalidad organizada, tráfico de personas y evasión tributaria, incrementando la preocupación de actores internacionales y locales por las consecuencias sociales y económicas.
A nivel político, los reiterados anuncios de endurecimiento normativo han quedado en la postergación de propuestas tributarias y de control territorial, limitando la acción estatal a intervenciones policiales aisladas y sin continuidad. Las organizaciones ambientalistas han señalado que esta falta de coordinación intersectorial contribuye al clima de desconfianza, dificultando incluso las inversiones en minería formal y sectores productivos vinculados a estándares verdes.
La presión internacional también toma relevancia en esta coyuntura: Perú tiene compromisos ambientales vigentes en foros multilaterales y enfrenta el escrutinio de los mercados globales por el impacto ambiental de sus exportaciones mineras. Sin medidas de fondo y diálogo efectivo entre Estado y sociedad civil, la problemática amenaza con agudizar los conflictos territoriales y la ya precaria situación de comunidades vulnerables.
