En un hecho sin precedentes judiciales para el caso Lava Jato en Perú, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden que autoriza la aplicación de la herramienta legal conocida como «discovery» en suelo estadounidense, aplicada a Brookfield Asset Management y diversas entidades financieras. La medida, impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y respaldada por la Procuraduría Pública del Estado peruano, tiene como objetivo principal esclarecer el flujo y el origen de los fondos con los que se financió la adquisición de la concesión “Rutas de Lima”, originalmente adjudicada a Odebrecht en 2013 y transferida luego al conglomerado canadiense Brookfield entre 2015 y 2016.
Según la resolución, amparada en la Sección 1782 del Código de EE.UU., se permitirá solicitar y obtener información clave a través de citaciones formales a Brookfield, Scotiabank, KPMG, la red CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El discovery facultará a las autoridades peruanas a acceder a registros bancarios, documentación de transferencias y movimientos de compensación internacional, lo que podría arrojar luz sobre posibles recursos de origen ilícito o pasivos ocultos en la operación.
La autorización de la Corte se produce en paralelo al arbitraje internacional iniciado por Brookfield contra el Estado peruano ante el CIADI, por US$2.700 millones, donde la empresa alega afectación a su inversión. Sin embargo, el Estado arguye que existen indicios suficientemente graves de irregularidad e incluso de lavado de dinero en las transacciones que permitieron a la empresa canadiense asumir el control de Rutas de Lima, lo cual, de confirmarse, podría llevar a la desprotección de la inversión extranjera y cambiar el sentido del proceso arbitral.
El fallo estadounidense responde también a la existencia de investigaciones penales por corrupción en el Perú, que involucran a exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y a la exalcaldesa Susana Villarán, quienes habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht como parte del esquema de transferencias de la concesión vial, hoy bajo cuestionamiento internacional.
La Procuraduría Pública y la actual gestión municipal destacaron que la orden de discovery es un avance decisivo en la lucha anticorrupción y un instrumento jurídico fundamental para rastrear fondos, comprobar eventuales desvíos y robustecer la posición nacional frente al arbitraje internacional. Las diligencias en EE.UU. comenzarán en los próximos días, incorporando la información a los procesos penales y arbitrales abiertos, en busca de que las autoridades judiciales de ambos países puedan determinar eventuales responsabilidades civiles y penales derivadas de la controvertida concesión.
