El escenario económico venezolano se complica aún más tras la decisión de la administración Trump de designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. En respuesta directa, Estados Unidos ha endurecido controles sobre inversiones foráneas —especialmente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y la energía— afectando a multinacionales relevantes como Telefónica y Repsol.
La nueva ola de sanciones, que profundiza el cerco financiero aplicado a Venezuela, implica la restricción de transferencias internacionales, mayores controles sobre los flujos de capital y el amedrentamiento legal para corporaciones con vínculos directos o indirectos en el mercado venezolano. Analistas señalan que las compañías europeas han reducido al mínimo sus operaciones y aplazan procesos de reinversión, manteniendo equipos mínimos dedicados únicamente a garantizar la continuidad de servicios básicos hasta que cambie el entorno político.
Este contexto coincide con la suspensión de numerosos vuelos internacionales, la militarización en el Caribe y la postergación de grandes proyectos de infraestructura, lo cual acentúa la recesión y limita severamente la capacidad de reacción empresarial ante posibles oportunidades de mercado.
Fuentes vinculadas al gobierno venezolano han calificado las medidas como un acto más de “guerra económica” y advierten sobre las consecuencias negativas para el flujo tecnológico y la conectividad del país, enfatizando que la desinversión internacional debilita la recuperación post-crisis.
Empresarios y gremios insisten en que, mientras persistan las restricciones severas y el aislamiento diplomático, el país difícilmente podrá acceder a nuevas inversiones extranjeras, imprescindibles para la recuperación sostenible de los sectores productivos claves.
