La dictadura venezolana habría desviado miles de millones procedentes de acuerdos con China para financiar a Irán, incluyendo su programa nuclear, mediante una compleja triangulación con petróleo, créditos y empresas pantalla.
Un informe de inteligencia elaborado con testimonios de ex altos cargos venezolanos en el exilio, al que tuvo acceso el diario español ABC, calcula que al menos 7.821 millones de dólares habrían terminado directa o indirectamente en el “ecosistema estatal iraní”. De esa cifra, 4.689 millones corresponderían a proyectos y fondos explícitamente vinculados a Irán (energía, petroquímica y un fondo binacional), mientras que otros 3.132 millones procederían del desvío indirecto de recursos del Fondo Chino Venezolano.
Según la investigación, esa arquitectura financiera no solo habría servido para aliviar el impacto de las sanciones sobre Irán, sino para financiar actividades hostiles y fortalecer la influencia política y militar de Teherán a través de redes de aliados en Oriente Próximo y América Latina. El documento describe una red de “fondos opacos, empresas pantalla y mecanismos de triangulación deliberadamente concebidos para ocultar el destino final del dinero”.
Un exfuncionario venezolano citado en el informe detalla un esquema en el que fondos provenientes de la venta de petróleo iraní a China, congelados por sanciones, eran redirigidos a través de Venezuela bajo la apariencia de un sistema de préstamos. Caracas se habría convertido en vía de escape de ese dinero retenido: se simulaban créditos y operaciones comerciales vinculadas a los acuerdos energéticos chino venezolanos, pero en la práctica no se comportaban como préstamos convencionales ni se destinaban a los proyectos anunciados.
Parte sustancial de los ingresos petroleros venezolanos y de los recursos canalizados por el Fondo Chino Venezolano habría acabado en empresas estatales iraníes y estructuras ligadas a la Guardia Revolucionaria, según el mismo documento. De este modo, Pekín quedaba formalmente como socio financiero de proyectos en Venezuela, mientras que una porción del flujo terminaba desviada a Teherán mediante estructuras opacas controladas por el chavismo.
Otras investigaciones sobre el Fondo Chino Venezolano revelan que estos recursos se usaron también para financiar proyectos triangulados con Argentina e Irán, más allá de su objetivo declarado de impulsar el desarrollo venezolano. Documentos exhibidos en Buenos Aires, citados por Diario Las Américas, muestran que el entonces ministro Ricardo Menéndez pidió a Hugo Chávez “más plata” del Fondo Chino Venezolano para unas 200 “fábricas socialistas” asociadas a convenios con Argentina e Irán, solicitud que habría sido aprobada con anotación manuscrita del propio Chávez.
El exjefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal aseguró en su testimonio que el gobierno de Chávez actuó como un “narcogobierno” que financió a varios países de la región utilizando fondos mixtos procedentes de China e Irán. Ese material añade otro eslabón a la hipótesis de un sistema de financiamiento cruzado en el que la estructura de créditos chinos a Venezuela se combinaba con acuerdos con Teherán para sostener redes políticas e ideológicas en América Latina.
Paralelamente, un informe de inteligencia citado por medios como COPE sostiene que Estados Unidos investiga si el chavismo desvió dinero robado y recursos vinculados al petróleo para respaldar el programa nuclear iraní y su aparato militar. Las pesquisas apuntan a que, además de los flujos asociados a China, se habrían utilizado empresas pantalla y tramas de corrupción interna para nutrir de fondos a Teherán, aprovechando la opacidad de la PDVSA sancionada y de los fondos especiales del régimen.
Analistas consultados alertan de que este entramado convierte a Venezuela en un nodo clave de la proyección iraní en el hemisferio occidental, facilitando la financiación de proyectos estratégicos de Teherán y elevando el riesgo de actividades de inteligencia y redes afines en la región. En este contexto, la cooperación entre China, Caracas e Irán —formalmente sustentada en acuerdos energéticos y de desarrollo— aparece, según estas investigaciones, contaminada por un uso paralelo de los recursos para fines geopolíticos y militares que trascienden los contratos oficiales.
