La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una reforma integral a la legislación del sector petrolero que abre el mercado a la inversión privada y facilita la entrada de capital extranjero, en un giro significativo tras décadas de dominio estatal en la industria hidrocarburífera.
La nueva normativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y respaldada bajo presión del gobierno de Estados Unidos, introduce cambios clave que permitirán a empresas privadas gestionar la producción y comercialización de crudo, además de ofrecer mecanismos de arbitraje independientes para resolver disputas contractuales.
La reforma, aprobada en una sesión legislativa extraordinaria, elimina restricciones que durante más de 20 años mantuvieron el control casi exclusivo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) sobre la explotación de reservas. También se contempla la modificación de impuestos a la extracción y la flexibilización de las condiciones para la participación de operadores internacionales.
Funcionarios del gobierno venezolano sostienen que estas medidas buscan revitalizar un sector estratégico que ha sufrido años de caída en la producción y atraer inversiones que impulsen la recuperación económica del país. Analistas, en tanto, advierten sobre retos en transparencia y estabilidad jurídica que podrían influir en la confianza de los inversores a largo plazo.
La aprobación de esta legislación coincide con una flexibilización de sanciones por parte de Estados Unidos, lo que —según Caracas— facilitará la reactivación de exportaciones y un flujo de divisas para la economía nacional.
