El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que impulsará una prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, en el marco de un nuevo paquete normativo para regular el entorno digital y combatir los discursos de odio en internet. Las medidas, según adelantó, serán aprobadas la próxima semana en el Consejo de ministros y apuntan tanto a la protección de menores como a una mayor responsabilidad legal de las grandes plataformas y de sus directivos.
Entre las obligaciones previstas se incluye que las redes sociales implementen sistemas eficaces de verificación de edad, de forma que se impida el acceso a usuarios por debajo de los 16 años. Además, el Gobierno pretende crear un mecanismo de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” para establecer una “Huella de Odio y Polarización”, con el objetivo de identificar y medir la propagación de contenidos de odio y desinformación en el ecosistema digital.
Sánchez también anunció que su Ejecutivo trabajará conjuntamente con la Fiscalía para explorar vías de investigación y posibles responsabilidades legales de compañías como Grok, TikTok e Instagram, en caso de que no retiren de forma diligente contenidos “de odio e ilegales”. La intención es que las plataformas y sus responsables puedan ser perseguidos y sancionados cuando incumplan las obligaciones de moderación de contenido establecidas en la futura normativa.
Este paquete de medidas se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno español para frenar la desinformación, la polarización y el impacto negativo de las redes en la salud mental de los adolescentes, reforzando la regulación nacional y alineándola con los esfuerzos europeos en materia de servicios digitales. Sánchez ha defendido en varias ocasiones que el espacio digital no puede seguir siendo “un estado fallido” controlado por grandes corporaciones tecnológicas y ha insistido en que el Estado debe intervenir para proteger a los menores y a los colectivos vulnerables frente al discurso de odio.
La propuesta ha reavivado el debate político y social en España sobre el equilibrio entre la protección de los menores, la libertad de expresión y el papel del Estado en la regulación de internet, en un contexto en el que otros países también discuten restricciones de acceso a redes sociales para adolescentes. Mientras algunos sectores celebran el anuncio como un paso necesario ante el impacto de las plataformas en la infancia y la juventud, otros alertan sobre los desafíos técnicos de la verificación de edad y los riesgos de sobrerregulación del entorno digital.
