El negocio del oro ilegal en Perú alcanzó un volumen cercano a los US$12.000 millones en 2025, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), lo que lo convierte en una de las economías ilícitas más grandes del país y con capacidad para influir en el financiamiento político.
Especialistas señalan que buena parte de este oro ingresa al circuito formal a través de exportadoras y comercializadoras que, en muchos casos, no garantizan una trazabilidad adecuada del mineral, lo que facilita el lavado de activos y la evasión de impuestos.
Además, estudios recientes advierten que el monto anual generado por la minería ilegal, junto con otras economías ilícitas como la cocaína y el contrabando, podría ser suficiente para financiar decenas de campañas electorales, lo que enciende las alarmas sobre el riesgo de financiamiento opaco a partidos y candidatos de cara a las elecciones de 2026.
Autoridades y organismos técnicos exigen reforzar controles en plantas de beneficio, puertos y mercados internacionales, así como mejorar la coordinación entre fiscalía, policía y reguladores para desarticular las redes que mueven este oro “en la sombra” y proteger tanto al medio ambiente como a la democracia peruana.
