El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal contra altos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la filtración de fotografías tomadas durante una requisa en el penal de Barbadillo, donde cumple prisión, y señaló que el operativo habría sido utilizado como “distractor político” en medio de la crisis que atraviesa el Gobierno.
La acción legal, ingresada por su abogado Walter Ayala ante la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, está dirigida contra el director de Seguridad del INPE, Henry García Malpartida, y la presidenta de la institución, Shadia Elizabeth Valdez Tejada. El escrito los acusa de presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de la intimidad, revelación de información reservada e incumplimiento de deberes funcionales, al permitir la difusión de imágenes del interior de la celda del exmandatario sin su consentimiento.
En las fotografías, se observa el espacio privado de Castillo, con objetos personales como televisor, bicicleta estática, radio, refrigeradora y una cocina equipada, elementos que el propio INPE describió en un comunicado como “privilegios” sujetos a autorización. La defensa sostiene que, si bien el Estado tiene facultades para realizar requisas, la exposición pública de las imágenes carece de sustento legal y vulnera el derecho constitucional a la intimidad y la Ley de Protección de Datos Personales.
Castillo y su abogado afirmaron, además, que la difusión del material gráfico responde a una maniobra para desviar la atención de los escándalos que rodean al actual presidente José Jerí por reuniones no registradas y presuntas contrataciones irregulares, calificando la requisa y la filtración como una “cortina de humo”. En esa línea, solicitan que se identifique a toda la cadena de mando que participó en la toma y filtración de las fotos y que se cite a declarar a los directores y periodistas de los medios que las difundieron por eventual uso de información reservada.
La denuncia de Castillo se suma a las acciones iniciadas por los también expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, quienes presentaron recursos similares tras la divulgación de imágenes de sus ambientes en Barbadillo, y que también han cuestionado que el operativo haya sido acompañado por cámaras y filtraciones selectivas a la prensa. El INPE, por su parte, ha defendido la legalidad de la requisa conjunta con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), alegando que busca garantizar la seguridad en el penal y verificar que los internos no cuenten con objetos no autorizados.
