Una protesta contra la reforma laboral que se debate en el Congreso de Argentina derivó en fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, en el centro de Buenos Aires. Durante varias horas se registraron corridas, lanzamiento de piedras y bombas incendiarias por parte de un grupo de encapuchados, y respuesta con gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal.
De acuerdo con testimonios y registros audiovisuales difundidos por medios locales, un grupo de alrededor de 30 personas cortó los alambres de las vallas que protegían el edificio legislativo y derribó parte del vallado, lo que desencadenó la intervención inmediata de los efectivos antidisturbios. En medio de la refriega, agentes avanzaron sobre la Plaza del Congreso para dispersar a los manifestantes y retomaron el control del perímetro, llevando detenidos a varios de ellos, algunos a rastras.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó inicialmente al menos dos detenidos, aunque medios argentinos reportaron que la cifra habría ascendido a más de una decena con el correr de la tarde. También se registraron policías heridos por golpes y proyectiles, mientras organizaciones sociales denunciaron un uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de gases irritantes contra personas que se manifestaban de forma pacífica en sectores aledaños.
Las movilizaciones fueron convocadas por sindicatos y agrupaciones sociales en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que se discute en el Senado y que, según sus críticos, flexibiliza las condiciones de contratación, recorta derechos adquiridos y debilita la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores. El Gobierno defiende la iniciativa como una pieza central de su agenda de “modernización” del mercado laboral y afirma que busca promover la creación de empleo formal.
Al cierre de esta edición, la Plaza del Congreso permanecía bajo control policial, con un fuerte operativo de seguridad y circulación restringida en los alrededores, mientras continuaba el debate parlamentario sobre la reforma. Organismos de derechos humanos y referentes de la oposición exigieron esclarecer el número de detenidos, las condiciones de su traslado y las responsabilidades por los incidentes registrados durante la protesta.
