La ola de asaltos y extorsiones contra el transporte público en Lima Norte ha llevado a empresas y conductores a adoptar medidas extremas de protección: cabinas cerradas, placas de metal en puertas y ventanas, y choferes que trabajan con chaleco antibalas para intentar sobrevivir a la delincuencia armada. Lo que empezó como una respuesta puntual en Ancón hoy se extiende como una nueva “norma de facto” de seguridad en varias rutas hacia el norte de la capital.
La empresa Virgen de la Puerta (VIPUSA), que opera rutas entre Ancón y el sur de Lima, ha blindado alrededor del 70% de su flota con placas de metal que refuerzan cabinas, puertas y puntos vulnerables de los buses. Las estructuras metálicas sellan los espacios del conductor y del cobrador, dificultando el ingreso de asaltantes y buscando reducir el riesgo de impactos directos de bala durante un ataque.
En algunos vehículos se han instalado cabinas cerradas alrededor del asiento del chofer, con láminas de acero de hasta dos pulgadas en puertas y ventanas, lo que ha transformado por completo el interior de las unidades. Cada cabina blindada puede costar entre S/ 2.000 y S/ 3.000 por unidad, monto que asumen los propios transportistas sin trasladarlo, por ahora, al precio del pasaje.
La protección no se limita a la estructura del bus: choferes y cobradores han incorporado el chaleco antibalas como parte de su jornada diaria, en un intento de reducir el riesgo ante disparos en asaltos o ataques de extorsionadores. Trabajadores del sector reconocen que conducir horas con esta indumentaria, especialmente en verano, es incómodo y agotador, pero lo consideran un costo necesario para seguir trabajando.
Voceros de empresas de transporte han pedido comprensión a las autoridades frente al uso de placas metálicas y lunas oscurecidas, que pueden entrar en conflicto con normas de tránsito y regulaciones sobre polarizado. Argumentan que no se trata de evadir la ley, sino de priorizar la vida de choferes, cobradores y pasajeros en un contexto de criminalidad creciente.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha descartado el uso de chalecos antibalas por parte de conductores como medida de protección, y ha señalado que evaluará cualquier recomendación de la Policía Nacional en materia de seguridad del transporte. En paralelo, otras empresas de Lima Norte y zonas aledañas ya analizan replicar el blindaje parcial de sus flotas y la instalación de barreras físicas en cabinas y accesos.
Especialistas advierten que estas medidas, aunque comprensibles como reacción inmediata, evidencian la dimensión del problema de inseguridad: un sistema de transporte que se fortifica como si circulara en zona de guerra, mientras persisten las extorsiones y ataques armados. Transportistas y autoridades coinciden en que el blindaje solo puede ser un paliativo y que se requiere una acción sostenida en inteligencia policial, control de armas y desarticulación de bandas para reducir el riesgo en las calles.
