En los últimos 10 años, el número de ciudadanos extranjeros encarcelados en el Perú se ha triplicado: pasó de 1.804 internos en el 2016 a 5.530 en el 2025. Antes representaban el 2,28% de la población penitenciaria y ahora son el 5,4% del total, según las cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) comprobó que el cambio va más allá: el perfil de los presos foráneos en el país se ha transformado y es muy distinto al de hace un decenio.
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“Desde la década de 1970, siempre se había visto a los ciudadanos colombianos como los principales extranjeros en las cárceles [peruanas], pero asociados al tráfico de drogas, no a delitos violentos. Y en la década de 1990, los ‘burriers’ aumentaron mucho”, relata Lucía Nuñovero, experta en política criminal y docente de la Universidad Católica.
La tendencia se mantuvo casi intacta hasta el 2019: los internos procedentes de Colombia constituían el principal grupo de reos extranjeros en las cárceles peruanas y el principal delito era el tráfico ilícito de drogas (TID) en sus distintas formas.
Pero en el 2020, cuando la pandemia detuvo al mundo, hubo un quiebre: los reos venezolanos (35,2%) superaron a los colombianos (26,1%) en número. En los años posteriores, la diferencia se ha ido incrementando rápidamente. La tendencia no se ha detenido hasta ahora.
En su artículo “Los ‘chamos’ en cana: venezolanos en cárceles peruanas” (2024), Nuñovero y el criminólogo José Luis Pérez Guadalupe explican que el aumento de reos foráneos es, en realidad, un aumento de presos venezolanos.
“[Hasta el 2024] Los internos extranjeros no venezolanos mantuvieron la misma población que en el 2010”, detallan en la publicación.
Hoy, en las cárceles peruanas están recluidos 4.106 ciudadanos venezolanos y representan el 74,3% del total de extranjeros. En el 2016, eran apenas 32 y constituían el 1,77% de los internos foráneos.
El contexto es clave para entender el problema. Debido a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela debido al gobierno de Nicolás Maduro, casi 7,9 millones de personas se han visto forzadas a dejar su país en los últimos años, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Al Perú y a otros países de Sudamérica han llegado profesionales y ciudadanos honestos, pero entre los migrantes también hay delincuentes violentos.
Coincidencias y consecuencias
El primer crecimiento importante de internos venezolanos ocurrió en el 2019: se registraron 381 presos de ese país (19,8% de los presos foráneos) en los centros de reclusión peruanos. Un año antes, el 2018, eran 65 (4%).
Precisamente en el 2018 –explica Nuñovero–, se registra una tercera ola masiva migratoria de ciudadanos procedentes de Venezuela.
“En medio de una seria crisis por el crimen organizado, incluso con el despliegue de comandos paramilitares y ejecuciones extrajudiciales, se produce una migración más compleja. Ahí es que migran muchos delincuentes, algunos de los cuales inclusive ven un negocio en el tráfico de migrantes”, detalla la especialista.
Esa etapa de la diáspora venezolana también es fundamental para entender otro detalle: los delitos por los que está encerrada la mayoría de presos extranjeros en el país.
Hasta el 2018, más del 80% de los reos foráneos –es decir, ocho de cada 10– fue encarcelado por tráfico ilícito de drogas. Solo el 8% estaba en prisión por robo o hurto, los delitos contra el patrimonio más recurrentes entre la población penitenciaria peruana.
Al año siguiente, los reos foráneos que cometieron esos delitos pasaron a 17,86% (más del doble), mientras que los presos por tráfico de drogas cayeron a 67.60%. Las cifras han cambiado drásticamente desde entonces.
En este 2025, el 40,6% de internos extranjeros está en la cárcel por robo o hurto, mientras que el 19,1% fue encarcelado por tráfico ilícito de drogas.
“En su mayoría, los detenidos por tráfico de drogas eran personas dedicadas al transporte de esta, empujados por el lucro, pero ajenos al quehacer delincuencial violento. […] Pero hoy el delincuente [extranjero] vive en el delito violento, usa armas de fuego con facilidad y tiene un esquema de trabajo ligado a la extorsión”, indica Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y exjefe del INPE.
En “Los ‘chamos’ en cana” se presentan otras características de los internos venezolanos. El 62% tiene menos de 30 años, menos de la mitad recibe visitas de familiares, no tienen apoyo de sus consulados y la gran mayoría proviene de una situación económica muy precaria.
Por otro lado, sus actitudes y costumbres generan conflictos con otros reos, por lo que les cuesta acatar las normas internas propias de los penales peruanos.
“Están asociados a la criminalidad común, pero pueden operar como el crimen organizado: tienen formas violentas, saben cómo operan las organizaciones criminales, conocen el sicariato y saben arrendar sus servicios para cometer delitos”, agrega Nuñovero.
Presencia y expansión
Las cifras del INPE también muestran que los internos venezolanos tienen en presencia en los penales de prácticamente todas las regiones del territorio peruano, aunque los grupos más numerosos están en regiones de la costa.
“La delincuencia extranjera venezolana, tanto la organizada como la atomizada, está presente no solo en Lima. En particular, los que tienen una estructura de organización criminal, está en zonas específicas del país, tales como Trujillo o Chiclayo, por el comercio floreciente y el fenómeno de las extorsiones”, anota Nuñovero.
Pero la especialista en política criminal refiere que, debido a la masiva presencia de internos venezolanos en las cárceles, el INPE ha trasladado a algunos para evitar que estos se concentren en un solo espacio.
“Se debe a cuestiones de seguridad penitenciaria, para evitar el riesgo de que coordinen y puedan transformar sus pabellones y cárceles en búnkeres”, concluye.
Entrevista
“La organización de los internos peruanos no ha permitido que los internos venezolanos tomen el poder en las cárceles”
José Luis Pérez Guadalupe, criminólogo e investigador de la Universidad del Pacífico
Desde hace varias décadas, José Luis Pérez Guadalupe estudia las estructuras criminales y penitenciarias en el Perú. Además, ha sido jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ministro del Interior y es autor de una serie de libros sobre el crimen organizado en el país y la región. Su último libro, “El Tren de Aragua y el crimen organizado en América Latina”, fue publicado este año.
–El cambio de la población penitenciaria en el Perú ha sido radical, no solo en cuanto al crecimiento exponencial de ciudadanos venezolanos, sino también al perfil de los reos. ¿Se trata de un fenómeno único en la historia carcelaria del Perú?
Sí, es algo totalmente inédito. Antes ha habido cambios. Por ejemplo, hace 15 años, la mayoría eran españoles, colombianos y mexicanos. Ahora, la población penitenciaria no venezolana sigue siendo prácticamente la misma. Pero a finales del 2017, los venezolanos eran 50 y ahora, como has revisado en las últimas cifras del INPE, son más de 4,000.
–En su artículo “Los ‘chamos’ en cana: venezolanos en cárceles peruanas”, usted también menciona un drástico cambio del perfil de los reos extranjeros a raíz del incremento de ciudadanos venezolanos encarcelados.
Hay diferencias muy marcadas, el perfil cambió totalmente en comportamiento, edad y otros factores. Pero hay que diferenciar entre internos extranjeros y internos migrantes. Los extranjeros serían los no venezolanos, los cuales vienen [al Perú] a delinquir, pero no vienen a quedarse. Los venezolanos sí viven acá y dentro de la migración es que delinquen. Además, la mayoría, no podemos saber cuántos, ya habían delinquido en su país.
–¿Cuándo empieza este cambio? Se ha comentado mucho que los crímenes de extranjeros se disparan cuando el presidente Kuczynski ofrece ayuda e invita a los ciudadanos venezolanos a llegar al Perú, en medio de la crisis en su país.
Se habla de tres olas de migración y el aumento coincide con la tercera ola, en el 2017, cuando ocho millones de venezolanos salen de su país y la crisis se agudiza en Venezuela. Hasta ese año, el 2017, en el Perú había más presos colombianos. […] Pero no es que cuando PPK hace el anuncio la data cambiase radicalmente. Cuando él da la norma, no había ninguna alerta de migración delictiva venezolana. En ese entonces, los ciudadanos venezolanos en el Perú eran profesionales, gente con educación que quería convalidar sus títulos mientras trabajaba en distintos rubros.
–El cambio también es radical en delitos. La mayoría de presos extranjeros antes eran burriers, pero ahora son personas encarceladas por robo o hurto. ¿Estamos hablando de primerizos y de personas violentas con experiencia en el crimen?
Dentro de la delincuencia venezolana hay varios trenes, no solo el Tren de Aragua. Se trata de un modelo delincuencia y cada uno está vinculado a un penal. En los penales de allá te forman: cada penal tiene una rutina esta gente ya está entrenada en el manejo de armas, la normatividad dentro del penal, que además es controlado por los reos. Ellos exportan delincuentes que se han fortalecido en la cárcel, no vienen aquí sanos. También hay chicos jóvenes, muy jóvenes, que no han delinquido allá, pero aquí ya delinquen con sus paisanos.
–¿Se corre el riesgo de que también se importe al Perú el modelo de cárcel controlada por los reos, como ha sucedido en Venezuela?
La variable principal es la organización de los internos peruanos, que no han permitido que los internos venezolanos tomen el poder. Cuando recién llegan al Perú, hay un proceso de adaptación. Ellos [los internos venezolanos] se sorprendían de que el delegado peruano del pabellón hablase con el alcaide. En Venezuela, ellos son enemigos de las autoridades penitenciarias. […] Respondiendo a tu pregunta, hasta ahora el INPE ha controlado los penales, pero en el gobierno de [Pedro] Castillo y [Dina] Boluarte todo es posible y con este Congreso podemos estar cada vez peor.
–¿Se ha registrado algún intento de batacazo [intento de tomar un pabellón por la fuerza] de los internos venezolanos en este tiempo?
No a haber un gran batacazo, [a los reos venezolanos] no se les deja tomar ningún cargo, eso ya está acordado. Al pabellón 7 de Lurigancho, el de los extranjeros, llegaron internos venezolanos y tomaron fuerza con un delegado peruano y se armó un lío. Al final, el INPE los distribuyó o los sacó a otro penal. […] Pero se han integrado más al penal y son menos conflictivos. Se han integrado al sistema: en los equipos de fulbito y básquet ya hay venezolanos, también en el coro, en el grupo de teatro y en la sinfónica también. Pero delegados, menos aún de disciplina, o autoridades en los pabellones no hay de ninguna forma.
–Hasta el 2019, la mayoría de reos extranjeros tenían sentencia, pero la tendencia se invirtió: desde el 2020 hay más internos con prisión preventiva.
Sucede lo mismo. A los internos venezolanos nadie los quiere defender y si algún abogado de oficio los defiende, lo hace mal. Por otro lado, es difícil encontrar si tienen antecedentes y documentos, porque muchos son indocumentados o incluso cambian de nombre. El proceso no es sencillo.
–Finalmente, se observa que la mayoría de reos extranjeros están en la costa peruana, sobre todo en Lima y al norte. Antes no era así, porque se concentraban en Lima y el Callao. ¿Qué ha cambiado?
Si te das cuenta, ellos [los ciudadanos venezolanos que delinquen] no llegan a la selva. A la sierra un poquito, pero lo suyo es la costa, porque además es un camino de tránsito. Tienen una ruta a Chile y no es coincidencia que en ese país la mayoría de presos venezolanos estén en Arica y Tarapacá. Llegan a una ciudad, pasan a otra, vuelven a subir y pueden volver a su país. Pero hay que tener en cuenta que no necesariamente el preso de una región vive ahí, sino que fue capturado en esa región. Y un factor adicional, que es menor, es el tema de los traslados: el INPE, por ejemplo, la manda primero a Lurigancho y luego los mandan a otro penal por hacinamiento.
