La ONG Sin Mordaza ha destapado en un informe exhaustivo el aparato represivo transnacional del régimen chavista, documentando 326 casos verificados de persecución contra venezolanos en el exilio entre 2024 y 2025, lo que evidencia un esquema sistemático que trasciende fronteras para silenciar a opositores, periodistas y activistas. Este mecanismo adapta estrategias internas de control —como estigmatización, bloqueos administrativos y judicialización— a entornos internacionales, generando un «efecto chilling» que limita la disidencia en la diáspora de más de 7 millones de emigrantes.
La modalidad más prevalente (176 casos, 54%) consiste en campañas de descrédito en redes sociales y medios oficialistas, donde portales como Aporrea o Telesur etiquetan a exiliados como «traidores», «fascistas» o «financiados por la CIA» para aislarlos socialmente. Estas narrativas, amplificadas por colectivos chavistas y bots, provocan acoso cibernético masivo, doxxing y amenazas anónimas, replicando tácticas usadas en Venezuela para deslegitimar voces críticas.
En 112 incidentes (34%), el régimen emplea consulados y embajadas para denegar pasaportes, cédulas o trámites migratorios esenciales, dejando a exiliados en limbo legal y vulnerables a deportaciones. Paralelamente, se presiona a familiares en el país mediante allanamientos, detenciones arbitrarias o cortes de servicios básicos, como en el caso de parientes de Edmundo González Urrutia, creando un vínculo coercitivo que obliga al silencio.
La represión penal afecta 23 casos (7%), con citaciones judiciales ficticias, órdenes de captura o activación de notificaciones rojas de Interpol por cargos fabricados como «terrorismo». En el extremo, se documentan agresiones físicas: el asesinato de Ronald Ojeda en Chile (2024), ataques a migrantes en Bogotá y tentativas en Perú, facilitados por células de la FAES o colectivos infiltrados en redes criminales transnacionales.
El aparato integra SEBIN, DGCIM, tribunales controlados y diplomáticos con paramilitares en el exterior, financiado por testaferros y criptoactivos para evadir sanciones. Sin Mordaza califica esto como crimen de lesa humanidad y urge a la OEA, ONU y países receptores (EE.UU., Colombia, España) a reconocerlo formalmente, implementar alertas migratorias y proteger testigos. La impunidad fomenta escaladas, con informes previos de WOLA y Crisis Group alertando sobre esta «exportación de represión».
