Una sesión extraordinaria cargada de tensión política, el pleno del Congreso de la República emitió una resolución de alcance histórico al aprobar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los exfiscales supremos Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Esta decisión, fruto de votación mayoritaria y extenso debate, responde a la culminación de diversos procesos disciplinarios e investigaciones por presuntos actos de responsabilidad funcional relacionados con casos emblemáticos de corrupción y manejo institucional.
La medida viene precedida por meses de controversias en torno a la independencia del Ministerio Público y su papel en la lucha contra la corrupción, en un contexto nacional donde la pugna entre poderes del Estado se ha acentuado. A partir de la aprobación del dictamen, los exmagistrados quedan impedidos de asumir cualquier función pública, generando dudas sobre la continuidad de investigaciones fiscales y el efecto que la sanción pudiera tener en el equilibrio institucional del país.
Especialistas en derecho constitucional advierten que la inhabilitación abre un periodo de incertidumbre y puede incidir negativamente en la garantía de autonomía del sistema judicial, mientras gremios legales y asociaciones de magistrados han solicitado revisar los procedimientos parlamentarios aplicados, alegando afectación de la seguridad jurídica.
En paralelo, sectores políticos favorables a la decisión sostienen que la medida representa una respuesta legítima a las demandas ciudadanas de transparencia y responsabilidad institucional; en contraste, voceros de la oposición y defensores del sistema fiscal advierten sobre el riesgo de politización y represalias que comprometan la eficacia investigativa en casos sensibles.
El Gobierno ha reiterado su respeto a las prerrogativas constitucionales de cada poder, aunque no ha descartado la posibilidad de reconsiderar los mecanismos de control y supervisión institucional para fortalecer la confianza pública en la justicia.
