En medio de un clima de creciente inseguridad ciudadana, la Contraloría General de la República ha establecido que se cometieron serias irregularidades en la adquisición de cámaras corporales (bodycams) y dispositivos masivos de carga (dockers) que estaban destinados para los policías que prestan servicios en comisarías en el marco del programa Barrio Seguro.
Los responsables son siete exfuncionarios y exservidores de la Unidad Ejecutora Perú Seguro 2025 del Ministerio del Interior que avalaron ampliaciones de plazo indebidas y sin sustento, inaplicación de penalidades y contrataciones fraccionadas que beneficiaron al proveedor ocasionando un perjuicio económico de S/574,830.
De acuerdo a la entidad se compró un total de 216 bodycams y 3 dockers por la suma de S/ 3’100,002.30 a un proveedor privado, el mismo que no cumplió con la entrega en la fecha establecida.
«De la revisión de los documentos vinculados a dicho contrato se pudo advertir que el director ejecutivo, el jefe de administración, el jefe de asesoría jurídica, el responsable del área de adquisiciones, un especialista de adquisiciones, el coordinador del componente I y un analista del Componente 1 del Programa Perú Seguro 2025 participaron en la gestión y emisión de la enmienda N.° 3 que dio un plazo adicional de 50 días calendario para concretar el entregable N.° 3, consistente en el traslado, instalación y puesta en funcionamiento de los bodycams y dockers», indica el informe de auditoría de la Contraloría.
La entidad, empero, precisó que dicho otorgamiento de plazo no correspondía «debido a que la solicitud se presentó a los tres días de vencido el plazo establecido en el contrato, y se realizó sin el sustento respectivo ya que los hechos citados por el contratista carecían de veracidad».
«De esta manera, estos hechos incumplieron lo establecido en las condiciones especiales del contrato sobre la aplicación de penalidades diarias, así como los plazos establecidos y otras normativas internas. Los auditores determinaron que se aprobó una ampliación indebida del plazo contractual y no se aplicó la penalidad incurrida por la demora injustificada en la entrega de las prestaciones, liberando al contratista de la aplicación de una penalidad por S/ 310,000.23 en perjuicio del Ministerio del Interior», agrega el documento.
Compras fraccionadas
Según la Contraloría, también se evidenció que los exfuncionarios —director ejecutivo, jefe de la oficina de administración y el responsable de adquisiciones de Perú Seguro 2025— participaron en la autorización, emisión y ejecución de ocho órdenes de servicios de forma fraccionada para realizar los servicios de instalación de puntos de red, puntos de energía eléctrica y repisa en 75 comisarías de la Policía Nacional del Perú.
Ello a pesar de que dichos trabajos y/o actividades formaban parte de las obligaciones del contratista de las bodycam y que eso era del pleno conocimiento de los citados funcionarios y servidores. En este caso el desembolso fue de S/ 264 830 en perjuicio del Ministerio del Interior.
En virtud a todo esto, la comisión de control estableció la presunta responsabilidad civil en siete funcionarios y servidores de Perú Seguro 2025, de los cuales cinco también tienen responsabilidad administrativa.
Asimismo, se recomendó a la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos.
