La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves al Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand en 1997, en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado durante el gobierno de Alberto Fujimori. El tribunal determinó que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una política estatal de esterilizaciones masivas dirigida principalmente contra mujeres en situación de vulnerabilidad.
Violaciones de derechos y responsabilidad del Estado
La Corte IDH concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, vida privada, acceso a la información, a la familia, igualdad ante la ley y a la salud de Celia Ramos Durand. El fallo señala que, aunque existía un documento de “consentimiento”, este fue obtenido bajo coerción, sin información adecuada sobre riesgos, alternativas ni consecuencias, y en un contexto de presión ejercida por personal de salud para que se sometiera a una anticoncepción quirúrgica definitiva.
El tribunal estableció que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue una política organizada “desde los más altos niveles del Estado” con el fin de promover la esterilización masiva, mediante cuotas, incentivos a funcionarios y amenazas que condicionaban el acceso a servicios a la aceptación de la operación. En el caso concreto, Ramos fue intervenida el 3 de julio de 1997 y falleció semanas después por complicaciones derivadas del procedimiento, sin que se haya investigado ni sancionado a los responsables en más de dos décadas.
Medidas ordenadas por la Corte IDH
La Corte ordenó al Perú continuar y profundizar las investigaciones para esclarecer la muerte de Ramos Durand, identificar y sancionar a los responsables, incluyendo a quienes diseñaron y ejecutaron la política de esterilizaciones. Asimismo, dispuso que el Estado apruebe una norma específica que regule de manera estricta el consentimiento informado en los servicios de salud sexual y reproductiva, garantizando que toda intervención sea libre, previa y plenamente informada.
El fallo también exige la formulación de una política pública de reparación integral para las personas víctimas de esterilizaciones forzadas, que incluya medidas de compensación económica, atención en salud física y mental, así como acciones de reconocimiento y memoria. Organizaciones de derechos humanos calificaron la sentencia como “histórica” y subrayaron que abre la puerta para que otras víctimas del programa de esterilizaciones durante la dictadura fujimorista obtengan justicia a nivel nacional e internacional.
