El Perú enfrenta una crisis energética tras registrarse una fuga en el sistema de transporte de gas natural proveniente de Camisea, situación que ha generado sobrecostos y restricciones en el suministro a nivel nacional.
Según reportes recientes, el incidente ha reducido significativamente la disponibilidad de gas seco, afectando a centrales termoeléctricas, industrias y al transporte que opera con Gas Natural Vehicular (GNV). Ante este escenario, el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el sistema energético y dispuso medidas de racionamiento que priorizan el abastecimiento a hogares y servicios esenciales.
El impacto económico ya se refleja en el incremento de precios de combustibles. En Lima, la gasolina ha alcanzado niveles cercanos a los 20 soles por galón, mientras que sectores como el transporte reportan un aumento considerable en sus costos operativos, afectando directamente al consumidor final.
Asimismo, cerca de mil empresas se han visto obligadas a sustituir el gas natural por combustibles más costosos, lo que incrementa la presión sobre la estructura de precios en diversos sectores productivos.
Especialistas advierten que este episodio evidencia la vulnerabilidad del sistema energético peruano, así como la necesidad de fortalecer la infraestructura y diversificar las fuentes de energía para evitar futuras contingencias.
