Cuba intenta sortear la que numerosos analistas consideran su peor crisis desde la Revolución de 1959, en un contexto de colapso económico y energético agravado por la nueva presión de Estados Unidos sobre el suministro de petróleo a la isla.
La población cubana enfrenta apagones de varias horas al día, largas colas para conseguir combustible y una marcada escasez de alimentos y productos básicos, mientras hoteles permanecen cerrados y hospitales reportan dificultades para prestar servicios adecuados. El desplome del turismo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y un mercado informal donde el dólar supera ampliamente la tasa oficial han llevado a la economía a una situación que expertos describen como “fase terminal”, sin margen de maniobra financiera para el Gobierno.
La crisis se ha profundizado por el corte del petróleo venezolano y por la reciente orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, que impone aranceles a los países que suministren crudo a Cuba, buscando cerrar cualquier vía de alivio energético para el régimen. La Habana ha denunciado esta medida como una “nueva escalada del cerco económico” y acusa a Washington de intentar asfixiarla mediante el chantaje y la coerción a terceros países.
En este escenario, crece el temor a un nuevo estallido social como el de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por la escasez y los cortes de luz, manifestaciones que fueron sofocadas con un fuerte despliegue policial y centenares de detenciones. Algunos expertos advierten de que el régimen tiene cada vez menos capacidad para contener el descontento sólo con represión, ya que las penurias cotidianas se han extendido a prácticamente todos los sectores de la sociedad.
Analistas consultados coinciden en que La Habana dispone de pocos aliados dispuestos a sostener económicamente al país y señalan que “la mejor opción” del Gobierno pasa por abrir un canal de negociación con la Administración de Donald Trump, ahora de nuevo en la Casa Blanca. Creen que, presionado por la crisis, el presidente Miguel Díaz-Canel podría aceptar liberar presos políticos o introducir ajustes económicos, aunque descartan por ahora concesiones profundas que supongan una apertura democrática, mientras el círculo de poder busca garantizar su supervivencia en medio de la tormenta
