El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, presentó una denuncia penal en Suecia contra la Fundación Nobel, a la que acusa de haber transformado el Premio Nobel de la Paz en un “instrumento de guerra”. En el escrito, Assange sostiene que la institución incurre en “grave apropiación indebida de fondos” al, supuestamente, favorecer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y financiar el crimen de agresión mediante la concesión del galardón de 2025.
Assange solicita a las autoridades suecas que congelen los once millones de coronas suecas (alrededor de un millón de euros) asociadas al premio, al considerar que su desembolso vulneraría el testamento de Alfred Nobel. Según el activista, el mandato original establece que la dotación debe destinarse a quien trabaje por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos permanentes y la promoción de la paz, no a quienes, a su juicio, respaldan la escalada militar.
El centro de la denuncia apunta directamente a la galardonada de este año, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, a quien Assange acusa de incitar al Gobierno de Estados Unidos a intensificar la presión contra Venezuela. Entre otros señalamientos, menciona su apoyo “al mayor despliegue militar estadounidense desde la guerra de Irak” en el Caribe y declaraciones en las que habría planteado la posibilidad de entregar a Washington las reservas de petróleo venezolano en caso de caída del presidente Nicolás Maduro.
Assange argumenta que estas posiciones excluyen “categóricamente” a Machado de los criterios fijados por Nobel para recibir el Premio de la Paz, y acusa al comité noruego de selección y a la Fundación Nobel de conocer el respaldo de la opositora a “crímenes internacionales de Estados Unidos”. En la denuncia se adjuntan pronunciamientos públicos de la galardonada que, según el fundador de WikiLeaks, podrían haber “inclinado la balanza a favor de la guerra” al amparo del prestigio del premio.
“La dotación de Alfred Nobel para la paz no puede usarse para la promoción de la guerra”, afirma Assange en el texto remitido a la Fiscalía sueca, donde insiste en que cualquier desembolso contrario al propósito original del testamento constituiría una apropiación indebida penalmente relevante. Sostiene que los administradores de los fondos tienen la obligación legal de garantizar que el premio contribuya a poner fin a los conflictos, y no a reforzar decisiones políticas que aumenten el riesgo de violencia.
Hasta el momento, la Fundación Nobel no ha respondido públicamente a los señalamientos detallados en la denuncia, que reavivan el debate sobre la politización del Premio de la Paz y los criterios utilizados para seleccionar a sus laureados. Analistas consultados señalan que el caso podría abrir una discusión jurídica inédita en torno al alcance del testamento de Alfred Nobel y las responsabilidades de la fundación en contextos de fuerte polarización geopolítica.
