La presidenta Dina Boluarte adelantó el miércoles 27 de agosto que su gobierno prepara un proyecto de ley para “la defensa de la soberanía nacional”. Esta iniciativa, según explicó, busca otorgar un marco jurídico para proteger al país frente a “nuevas amenazas” y evitar una supuesta injerencia de organismos internacionales en decisiones internas.
“El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución”, señaló la mandataria desde Palacio de Gobierno, acompañada por sus ministros y otras autoridades, durante una ceremonia por el Día de la Defensa Nacional.
“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, agregó.
La mandataria insistió en que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”. Según explicó, la norma tendría como objetivo “ampliar los alcances” del concepto jurídico de soberanía “a la realidad contemporánea”, con el fin de que “el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”.
El anuncio se produce en un contexto político marcado por tensiones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el debate sobre la pena de muerte y la reciente promulgación de la ley de amnistía.
Además coincidió con un golpe judicial a su entorno más cercano: el mismo día, la Fiscalía allanó la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, por presuntos vínculos con una organización criminal que, según la hipótesis fiscal, estaría encabezada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
De acuerdo con la investigación, cuando Santiváñez ocupaba el cargo de ministro del Interior habría favorecido al abogado Percy Alberto Tenorio Gamonal en la recuperación de terrenos de la minera El Dorado. A cambio, no solo se habría solicitado un pago económico, sino también la extensión de “arraigos laborales” a favor de Nicanor Boluarte.
Un contexto cargado
Desde hace meses, el Ejecutivo y el Congreso impulsan iniciativas que han generado fricciones con organismos internacionales de derechos humanos. El hecho más reciente fue la promulgación, por parte de la presidenta, de una ley que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados e incluso condenados por delitos cometidos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La amnistía incluye a procesados sin sentencia firme y a sentenciados mayores de 70 años. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó a suspender su tramitación, por considerar que contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Perú.
Lejos de acatar el pronunciamiento, el gobierno de Boluarte consideró la exhortación como una intromisión.
La posibilidad de salir del sistema interamericano ha sido mencionada en varias ocasiones por miembros del Ejecutivo. En junio, el primer ministro Eduardo Arana anunció ante el Congreso la conformación una comisión para evaluar esta medida, señalando que “es un aspecto de sumo interés para el Congreso y la ciudadanía en general”.
La idea de abandonar la jurisdicción de la Corte no es nueva. En América, solo Trinidad y Tobago (1998) y Venezuela (2012) concretaron su salida. En ambos casos, la decisión generó críticas internacionales y debilitamiento de la protección de derechos en sus territorios.
Ministro alineado
El reciente nombramiento del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, refuerza esta línea de confrontación. Santiváñez asumió el cargo el 24 de agosto, en reemplazo de Juan Alcántara.
Juan José Santiváñez volvió al Gabinete recientemente a pesar de los cuestionamientos en su contra. Ahora ejerce como ministro de Justicia. (Foto: Presidencia del Perú)
Tras asumir su nuevo cargo, declaró al diario “Expreso” que uno de sus objetivos será “reforzar la posición que la señora presidenta de la República tiene con respecto a las normas, por ejemplo, de amnistía, o incluso a la posición que debe tener el Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
No es la primera vez que el ministro expresa simpatía por la idea de apartarse del sistema interamericano. En diciembre de 2024, cuando ocupaba el Ministerio del Interior, afirmó: “Yo particularmente sí estoy de acuerdo [con la salida del Pacto de San José], porque creo que existen delitos en donde la posibilidad de resocialización de una persona es inviable”. Entonces, vinculó su posición con la posibilidad de aplicar la pena de muerte.
Santiváñez volvió al Gabinete a pesar de que fue censurado por el Congreso hace cinco meses por “incapacidad” en la lucha contra la criminalidad, y actualmente enfrenta una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, con impedimento de salida del país.
Una propuesta reiterada
El anuncio de la ley sobre soberanía se enmarca en otro tema sensible: la propuesta del Ejecutivo para instaurar la pena de muerte para delitos graves como violación de menores, feminicidio y sicariato. El 18 de marzo pasado, Boluarte afirmó que esta medida sería “una responsabilidad histórica” y pidió debatirla con celeridad.
“Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, o a niños, ya no tienen forma de que se puedan resocializar, y es ahí donde se tenga que aplicar para estos criminales la pena de muerte”, sostuvo.
No obstante, la aplicación de la pena capital enfrenta una barrera constitucional e internacional. La Constitución solo la admite para casos de traición a la patria, y el Pacto de San José, ratificado en 1978, prohíbe ampliar su alcance. Por ello, cualquier intento de restituirla implicaría necesariamente denunciar este tratado, es decir, abandonar el sistema interamericano.
¿Qué dice la Constitución sobre soberanía y derechos humanos?
Boluarte ha invocado el artículo 44 de la Constitución como base de su iniciativa. Esta disposición señala que “son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.
Especialistas advierten que el Ejecutivo interpreta este artículo de manera parcial.
Para la abogada Valeria Reyes, coordinadora académica del Idehpucp, la norma no plantea una contradicción entre soberanía y derechos humanos, sino una relación complementaria.
“El artículo 44 señala que un deber primordial del Estado es defender la soberanía y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, junto con otros deberes. Pero pongo énfasis en que estas dos obligaciones o estos dos deberes son entendidos de manera conjunta por la Constitución, porque de forma contraria a lo que propone la presidenta y que se repite mucho desde diferentes voces políticas, la soberanía y las obligaciones de derechos humanos no son contradictorias, no son excluyentes. Por el contrario, la protección de los derechos y la protección de la soberanía son obligaciones que se entienden de manera complementaria.
Reyes subrayó que los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional en el país y que las decisiones de la Corte IDH son vinculantes no solo por la Convención Americana, sino porque la propia Carta Magna les reconoce esa jerarquía.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana no es solamente vinculante porque la Convención Americana así lo diga, sino que también es vinculante porque nuestra Constitución le reconoce ese carácter obligatorio y le concede rango constitucional”
Valeria Reyes, coordinadora académica del Idehpucp
“Nuestra Constitución señala que los derechos humanos o los tratados que recojan derechos humanos tienen rango constitucional. Esto no es discutible. […] La Constitución se interpreta de acuerdo a tratados internacionales de derechos humanos, pero también se interpreta en relación con las decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana, por ejemplo”, señaló.
La especialista también cuestionó el argumento de la “intromisión”: “Creo que no es cierto que la supervisión o la fiscalización de los órganos de derechos humanos, concretamente la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana […] comprometa la soberanía. Por el contrario, su supervisión es consecuencia de la soberanía. ¿Por qué estos órganos tienen la competencia o la jurisdicción para ver casos que vinculan al Estado peruano? […] Porque el Estado les dio ese ejercicio, esa jurisdicción”.
En la misma línea, el constitucionalista Heber Joel Campos recuerda que el artículo 55 de la Constitución establece que los tratados suscritos por el Estado y en vigor son parte del derecho nacional: “El Perú es un país soberano. Y los acuerdos que adoptó son una manifestación de dicha soberanía. Por el contrario, desconocer nuestros compromisos internacionales pone en cuestión nuestra credibilidad. Y nos expone a sanciones que emanan de esos mismos compromisos que celebramos libremente”, señaló a este Diario.
Campos agregó que los desacuerdos con la justicia internacional deben canalizarse en las instancias correspondientes, “y no dar pie a respuestas incongruentes con la Constitución y el derecho internacional”.
Por su parte, el abogado Erick Urbina enfatiza: “Actualmente se establece que todos los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Esto no es una violación a nuestra soberanía, sino el ejercicio pleno de la misma”.
Una eventual denuncia de la Convención Americana no es automática. Reyes explica que solo la presidenta puede iniciar este trámite, y que sus efectos se materializan un año después de notificarla. Incluso durante ese plazo, la Corte IDH conserva competencia sobre los hechos ocurridos previamente, como las muertes en las protestas de 2022 y 2023:
“¿Por qué Boluarte lo hace en este momento? A ella le queda menos de un año de gobierno. Es decir, estaría tomando una decisión que no va a surtir efectos durante su gobierno. […] El próximo gobierno podría dejar sin efecto esa denuncia”, destacó.
En otras palabras, el eventual retiro sería más un gesto político que una medida con impacto inmediato.
Intereses
Una eventual salida de la jurisdicción de la Corte IDH podría beneficiar directamente a Boluarte, ante eventuales responsabilidades por violaciones de derechos humanos, en el contexto de las muertes ocurridas durante la represión de las protestas antigubernamentales de fines de 2022 e inicios del 2023.
No obstante, hay discrepancias dentro del propio Gabinete. El ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, admitió esta semana que “hay ministros que están a favor y otros en contra”.
