El Gobierno de los Estados Unidos intensificó ayer su campaña de sanciones contra la administración del presidente Nicolás Maduro, focalizando medidas económicas y restringiendo activos vinculados al régimen venezolano, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y presión sobre los mercados energéticos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó en su última lista de sancionados a tres familiares cercanos de la primera dama venezolana y seis buques petroleros, además de las empresas navieras asociadas a estas embarcaciones, acusados de facilitar operaciones de transporte de crudo bajo prácticas consideradas «engañosas» por Washington.
La medida se da en paralelo a la incautación del petrolero Skipper en aguas del Caribe frente a la costa de Venezuela, acción que la administración estadounidense justificó como parte de la aplicación de sus sanciones y el combate a redes de evasión de restricciones internacionales.
En respuesta, Caracas calificó las acciones como un acto de “piratería económica” y reafirmó su rechazo a lo que define como injerencia externa en los asuntos internos de Venezuela, en medio de advertencias sobre impactos adicionales en la ya frágil economía petrolera del país.
Analistas señalan que la presión sobre la exportación de crudo —sector que representa la principal fuente de ingresos del país— podría profundizar la contracción económica, generar mayores restricciones financieras y complicar la dinámica del comercio petrolero internacional.
