Solemos culpar a los fujimoristas de todo lo que perpetran otras bancadas. Por ejemplo, el 37% de encuestados en último sondeo del IEP piensa que Keiko es la líder política que más influye en Dina y sólo un 15% cree que es César Acuña, ¡qué ironía! Pero esta vez sí fueron ellos. La Ley 32351 que permite al Estado y al Congreso imponer contenidos sobre temas de violencia contra la mujer en una franja del 10% de la programación de los medios, nació de una iniciativa presentada el 11 de mayo del 2023 por la congresista naranja Mery Infantes, obstetriz dueña de una farmacia en Bagua, que postuló por la región Amazonas y ganó con escasos 2575 votos. Le escribí y me dijo que estaba muy ocupada, que no me podía atender en estos días. La dirigencia fujimorista tampoco me respondió; a pesar de que se trata de un proyecto impulsado por ellos.
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Truvid
La escueta ley no especifica cómo así las instituciones públicas que combaten la violencia contra la mujer y el grupo familiar accederán “en forma gratuita al uso de la franja educativa del 10% de la programación que, para tal fin, los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad sean públicos o privados facilitan en el horario de protección familiar”. Los detalles quedarán para el reglamento futuro. ¡Ojo!, para que vean lo grave del desaguisado, les cuento que el Ejecutivo observó la ley, de modo que ha sido promulgada el pasado martes 27 por insistencia.
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Los fujimoristas no podrán decir que esto fue iniciativa aislada de una congresista que, como es usual, presenta un proyecto y pide el indispensable respaldo de sus colegas. No, la ley la impulsó bancada y partido. En mayo del 2024, la ley ya había conseguido dictámenes favorables en las dos comisiones a las que se envió, la de Justicia y la de Economía. He consultado a fuentes congresales que piensan que hubiera sido apropiado enviarla a las comisiones de Constitución y Mujer. Pero fue a esas otras dos. La de Justicia la presidía Perú Libre y FP se entiende bien con esa bancada. La de Economía la presidía, en ese entonces, José Jerí, de Somos Perú y valga la ironía de que meses después este congresista se vio envuelto en una denuncia de abuso, a la que tuvo que replicar con dramáticos descargos. Hay una ironía mayor: en los pedidos de opinión a entes concernidos que hizo la comisión para elaborar el dictamen, el Ministerio de la Mujer, el más interesado en el asunto, opinó en contra; mientras la Defensoría del Pueblo, que debiera preocuparse por contener la tentación del intervencionismo estatal, opinó a favor. El Ministerio Público opinó a favor (bueno, estaba Patricia Benavides) y el Minjus, con Arana a la cabeza, lo hizo en contra.
Llegó diciembre del año pasado, poco antes del cierre de legislatura, y la ley no se incluía en la agenda del pleno. Entonces, el 4 de diciembre, el portavoz alterno de Fuerza Popular (FP), César Revilla, envió una carta al oficial mayor Giovanni Forno, pidiendo que se priorice su votación en una ampliación de agenda. La Junta de Portavoces le hizo caso y la ley se votó el día 11. Su acogida fue tan apabullante que obtuvo la exoneración de segunda votación en esa misma sesión. La iniciativa fujimorista, con su ‘vuelto’ a la prensa que pone en aprietos a congresistas de todas las bancadas, fue aclamada. El 20 de diciembre fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El gobierno, esta vez, pensó distinto a su poder amigo. El 20 de enero del 2025, dentro del plazo previsto, observó la ley. Según mis fuentes palaciegas, el entonces primer ministro Gustavo Adrianzén encargó al MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) la fundamentación de la observación. El principal argumento de la ley naranja es que la Constitución, en su art. 14 dice: “Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural”. Lo que la Constitución no dice es que esa colaboración sea compulsiva y el Estado imponga en los medios sus propios contenidos. El MTC argumentó, precisamente, que la Ley 28278 de Radio y TV y su reglamento, dejan en claro que “es responsabilidad de los medios vigilar sus contenidos para que estén de acuerdo a ley”. (La actual ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, ha dicho el jueves que el reglamento lo hará el MTC y que el MIMP no piensa tomarse las atribuciones que le franquearía la ley intervencionista. Arana ha dicho algo similar).
Hubo un curioso episodio el 30 de marzo, cuando salió del propio gobierno una propuesta para crear una franja informativa en los medios destinada a difundir los avances en la lucha contra la inseguridad. Fue anunciada por el entonces ministro de Justicia y hoy primer ministro Eduardo Arana. Tras la inmediata reacción crítica que ocasionó en medios, líderes de opinión y dirigencias partidarias (incluyendo algunas que sí estan de acuerdo con la Ley 32351), Arana reculó inmediatamente. Hablé con una fuente cercana a él que me dijo que fue una idea no desarrollada que surgió tras conversar con mandos policiales que reclamaban mayor difusión de sus operativos. Queda confirmado, en este asunto de franjas y medios, que Arana y Adrianzén ni coordinaban ni compartían mucho. Pero saquemos al Ejecutivo de este cuento, que la papa caliente se cocinó y promulgó por insistencia en el Congreso.
Maximalistas
El Congreso se volvió maximalista, va por todo. Es la ‘asamblea constituyente’ que la izquierda alucinó en vano; pero esta es de derecha y no se ha convocado por referéndum, no se ha convertido en una cosa distinta a un parlamento; simplemente ocupa el espacio que le dejan el Ejecutivo y los partidos enclenques. Alguien que ha presidido la mesa directiva del Congreso me dijo esto unos meses atrás: “Mira, este Congreso que todos critican ya eligió al Defensor del Pueblo, ya eligió al TC, estamos haciendo la bicameralidad y le damos gobernabilidad al Ejecutivo”.
Hasta allí, todo bien. En efecto, el par de congresos anteriores no fue capaz de ponerse de acuerdo y patinó cada que intentó nombrar, como corresponde a sus atribuciones, al Defensor y a los tribunos. Para remate, Vizcarra lo disolvió en el 2019 clavándole, precisamente, una cuestión de confianza (CdC) contra la forma de elección del TC. De allí vine otra victoria de esta ‘promo’: han reformado el reglamento congresal acotando las CdC estrictamente a políticas públicas generales del gobierno. Hoy no cabría una CdC sobre un procedimiento parlamentario como la elección de tribunos y mucho menos se la podría considerar rechazada por ‘denegación fáctica’. El TC elegido en su totalidad por este Congreso ya descartó esa interpretación laxa.
Hasta acá, todo sigue bien y legítimo. El Congreso supo armar una mayoría operativa para elegir tribunos y Defensor. Permítanme unas líneas sobre este último, Josué Gutiérrez, pues encarna los tiempos que corren y el (des)equilibrio de poderes: ex congresista humalista y ex abogado de Vladimir Cerrón, llegó a este Congreso como asesor de la bancada de Perú Libre (PL). Hombre ajeno al radicalismo de los Cerrón, fue crucial buscando consensos entre PL y la mayoría de derecha para elegir tribunos. Sin lo que sembró en esa ocasión, no hubiera sido Defensor ni se entendería la presencia de PL en la actual mesa directiva. Volvió a mostrar su muñeca en la rápida elección de la nueva JNJ. La Defensoría opinó a favor de esta ley.
Asentada la mayoría gracias a la oposición extrema a Pedro Castillo y a su patético golpe; el Congreso consiguió los votos para aprobar la bicameralidad con reelección irrestricta. Ello no enervó a la crítica antiparlamentaria pues el reformismo político coincide en que dos cámaras piensan y legislan mejor que una. Vizcarra despertó entusiasmo en el sector ‘caviar’, claro que sí; pero no aplicó una agenda de aquellos cuando promovió el referéndum contra la bicameralidad y la reelección, sino que la retorció hasta disolver el Congreso. Y los volvió a entusiasmar en la pandemia.
El Congreso fue por más de lo que Vizcarra le había quitado o arruinado: contratacó de varias formas -denuncias constitucionales, leyes, fiscalizaciones- a todo lo asociado a quien llamó ‘Lagarto’ y al elástico concepto de ‘caviar’. Destituyó a la ex fiscal de la nación (FN) Zoraida Ávalos por no investigar a Castillo, batalló contra la JNJ por su relente ‘caviar’ y apoyó a la ex FN Patricia Benavides que le hizo una oferta sensacional: una agenda judicializada contra quienes promovieron la judicialización de Keiko Fujimori, Alan García, Luis Castañeda y quienes se sumaran al coro de la revancha. Benavides se hundió por demérito propio. También opinó a favor de esta ley.
Tras el arribo de Dina y su pacto de supervivencia con la coalición anticastillista (a la que se sumaron PL y el Bloque Magisterial); la expansión y revancha congresal no encontró freno. Se aprobó, por fin, la bicameralidad con reelección, crecieron la planilla y el gasto congresal, se normalizó la legislación sobre asuntos con impacto fiscal, se cocina la vuelta de la inmunidad parlamentaria, se propone libertad para hacer campaña en la semana de representación. Y se apunta a los medios, como mensajeros de la desaprobación y de denuncias contra todo el espectro parlamentario.
Por supuesto, los medios pueden y deben colaborar en la lucha contra la lacra de la violencia machista. De hecho, lo hacen de muchas maneras. Si ello no es suficiente, no le será difícil al gobierno promover acuerdos para campañas específicas o generales, sin imponer contenidos por ley. La voracidad sin freno ni contrapeso del Congreso hoy ve la forma de agredir a sus críticos; mientras da vueltas a mil formas de ampliar su poder antes del 2026. Vive un momento de plenitud.
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