La fiscalía investiga una presunta red de poder paralelo liderada por Juan José Santiváñez, actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Según revelaciones periodísticas y testimonios clave de Cuarto Poder, se habrían direccionado contrataciones públicas mediante TDR elaborados fuera de los canales oficiales y adaptados para favorecer a su entorno cercano.
¿Qué revelan los TDR a la medida en el caso Santiváñez?
Los Términos de Referencia (TDR) son documentos técnicos usados para contratar servicios estatales. En este caso, fueron modificados para que encajaran específicamente con el perfil del abogado Percy Tenorio, considerado por la fiscalía como operador de Juan José Santiváñez.
Los cambios incluían la reducción de experiencia mínima de 10 a 3 años y la eliminación de requisitos como la maestría. Gracias a estos ajustes, Tenorio accedió a cinco contratos valorizados en un millón de soles para defender a generales investigados por muertes en protestas.
Chats entregados a la fiscalía muestran que el propio Tenorio pidió que los TDR se enviaran “sin datos”, para luego ser devueltos por canales oficiales como si hubieran sido elaborados desde dentro del Estado.
¿Cómo funcionaba esta presunta red paralela de poder?
El restaurante El Cordano, ubicado frente a Palacio de Gobierno, habría sido usado como “oficina paralela” por Santiváñez. Videos exclusivos muestran al exministro reuniéndose allí con personajes clave, entre ellos Marco Palacios Meza, su socio y también señalado por la fiscalía como operador.
En esas reuniones, Santiváñez aparece entregando documentos, permaneciendo en el lugar durante horarios laborales y evitando cualquier registro en el portal de transparencia. Los asistentes llegaban con cautela y a veces incluso tomaban fotos del lugar, como si se tratara de un punto de encuentro preestablecido.
Este sistema evitaba los controles institucionales y habría servido para coordinar contrataciones direccionadas, según la tesis fiscal.
¿Qué papel tuvo la Defensoría de la Policía en estas contrataciones?
La Defensoría de la Policía fue la entidad desde donde se emitieron los TDR modificados. El general Máximo Ramírez, nombrado por Santiváñez en ese cargo, reconoció en entrevista que los requisitos fueron ajustados bajo su gestión, aunque negó que fuera para beneficiar a Tenorio.
A pesar de sus declaraciones, los cambios coincidieron con la adjudicación directa a Tenorio, quien inicialmente no calificaba. Además, registros de transparencia confirman que tanto Tenorio como Palacios visitaron a Ramírez en fechas clave del proceso.
Según un testigo protegido, los TDR habrían sido redactados en el estudio jurídico de Tenorio y luego introducidos en la administración pública a través de contactos internos, incluyendo a Ramírez y su equipo legal.
¿Qué pruebas respaldan la hipótesis de manejo paralelo del poder?
Además de los videos y los chats, el testimonio de un colaborador protegido revela que Santiváñez coordinaba en nombre de la presidenta y daba instrucciones a varios ministerios. La cercanía entre los actores involucrados —funcionarios, operadores legales y abogados contratados— refuerza la hipótesis de una estructura informal con capacidad de influir en decisiones clave del Estado.
La Fiscalía también investiga si estas coordinaciones permitieron el uso irregular de recursos públicos y si los ajustes en los TDR se realizaron con el único fin de beneficiar a un proveedor específico. El caso pone en evidencia cómo el poder puede operar fuera del marco institucional y cómo espacios públicos como un café se convierten en centros de decisiones gubernamentales no registradas.
La investigación sigue su curso, mientras el Ministerio Público reúne más elementos para determinar si existió una red que, desde el corazón del Ejecutivo, direccionó contratos públicos de forma irregular mediante el uso de documentos hechos a la medida.
