El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución destinada a restringir la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar nuevas operaciones militares en o contra Venezuela sin autorización específica del Congreso, en un episodio que consolida el margen de maniobra de la Casa Blanca sobre el conflicto venezolano. La iniciativa, presentada como una resolución de poderes de guerra, cayó por un margen mínimo tras un giro de última hora de senadores republicanos y el voto de desempate del vicepresidente JD Vance.
La resolución había avanzado inicialmente con apoyo bipartidista, luego de que varios republicanos se sumaran a los demócratas como señal de malestar por la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas a inicios de mes. En aquella primera prueba, la medida superó una votación procesal por 52 votos a favor y 47 en contra, lo que alimentó las expectativas de aprobar algún tipo de freno a los poderes de guerra de Trump en el frente venezolano.
Sin embargo, en la votación definitiva dos senadores republicanos retiraron su apoyo y el resultado quedó 50-50, obligando a intervenir al vicepresidente JD Vance en su rol de presidente del Senado. Vance votó en contra de la resolución, alineándose con la Casa Blanca y enterrando el intento de imponer límites formales a una nueva escalada militar en Venezuela.
El texto rechazado se apoyaba en la Ley de Poderes de Guerra de 1973 y pretendía prohibir cualquier “operación militar importante” en territorio venezolano sin autorización previa del Congreso, salvo en casos de autodefensa frente a un ataque inminente contra Estados Unidos. Además, obligaba al Ejecutivo a retirar a las fuerzas estadounidenses de cualquier situación de “participación inminente en hostilidades” en Venezuela si no se obtenía ese visto bueno legislativo en un plazo determinado.
Impulsada principalmente por senadores demócratas, la iniciativa argumentaba que el asalto que culminó con la captura de Maduro excedía los límites de las autorizaciones de uso de la fuerza aprobadas tras los atentados del 11-S y en la guerra de Irak, y que el Congreso debía recuperar su rol constitucional en decisiones de guerra y paz.
Uno de los senadores republicanos que cambió su voto sostuvo que lo hizo tras recibir garantías de altos funcionarios de que, si la Administración considera necesarias nuevas operaciones de envergadura en Venezuela, se consultará al Congreso y se buscará una autorización formal. Estos compromisos, sin embargo, no tienen fuerza de ley y dependen de la voluntad política del Ejecutivo, algo que varios legisladores opositores consideran insuficiente para evitar una escalada unilateral del conflicto.
Trump calificó la resolución de “peligrosa” e “inconstitucional” y defendió que limitar sus facultades en medio de la crisis venezolana enviaría una señal de debilidad a aliados y adversarios. La Casa Blanca sostiene que la intervención que llevó a la captura de Maduro fue “legal, necesaria y proporcionada” y que Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar una transición política “segura” en Venezuela.
El episodio ha reavivado en Washington el debate sobre el alcance de los poderes de guerra del presidente, en un contexto en el que el Ejecutivo acumula décadas de precedentes de uso de la fuerza en el exterior sin declaraciones formales de guerra. Organizaciones civiles y algunos legisladores reclaman la revisión de las autorizaciones de uso de la fuerza aún vigentes y un marco más estricto para evitar que operaciones puntuales deriven en conflictos prolongados sin supervisión efectiva del Congreso.
En el plano regional, el fracaso de la resolución envía la señal de que Trump mantiene las manos libres para decidir sobre eventuales nuevas acciones militares en Venezuela, lo que aumenta la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y el rol que jugarán otros actores internacionales en la crisis.
