El SNTP denunció el grave deterioro emocional de la comunicadora social Marifel Lucía Guzmán Chacín, de 36 años, privada de libertad desde el 7 de febrero de 2025 en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Lechería, estado Anzoátegui.
Según relató su madre, Evelyn Chacín, la periodista le escribió recientemente que tenía “ganas de dejar de existir” y que “ya no quería vivir más”, mensaje que encendió las alarmas sobre su estabilidad psíquica. El SNTP advirtió que Marifel enfrenta esta situación “con una salud emocional frágil” y que su familia reporta un cuadro de “depresión aguda” que se habría agravado durante la reclusión.
La comunicadora fue detenida tras denunciar en sus redes sociales lo que consideró un despido injustificado del Departamento de Cultura adscrito a la Gobernación de Anzoátegui. Trabajó allí 11 meses sin recibir constancia laboral ni copia del contrato, según detalló en una carta entregada a su madre; el mismo día de su detención, las publicaciones donde reclamaba ese trato fueron eliminadas de sus cuentas.
El Tribunal Primero de Control de Anzoátegui la imputó por el delito de «Promoción o Incitación al Odio» y, de acuerdo con el SNTP y organizaciones de derechos humanos, fue posteriormente condenada a 10 años de prisión, mientras que una versión difundida por medios oficialistas habla de una pena de 6 años y 8 meses tras la admisión de los cargos. Su familia denuncia que hasta ahora no ha podido juramentar a un defensor privado ni acceder al expediente completo del caso, y teme que sea trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, donde terminaría de cumplir la sentencia.
“Todos los días me levanto a cocinarle. Le hago su desayuno, almuerzo y cena, y luego su hermana se encarga de llevarlo”, contó Evelyn Chacín, quien pide revisión del proceso, atención psicológica y la pronta liberación de su hija. El SNTP recordó que, con el caso de Guzmán, ya son al menos seis los periodistas detenidos en Venezuela, lo que, a juicio del gremio, evidencia la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta laboral.
