El Gobierno del Perú oficializó la prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, a partir del 21 de diciembre de 2025, con el objetivo de enfrentar el incremento de la criminalidad violenta y otras situaciones que alteran el orden interno. La medida, aprobada mediante el Decreto Supremo n.° 140-2025-PCM, mantiene a la Policía Nacional del Perú a cargo del control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas.
El Decreto Supremo n.° 140-2025-PCM fue publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano y está refrendado por el presidente José Enrique Jerí Oré y el Consejo de Ministros. La norma se sustenta en el artículo 44 de la Constitución, que obliga al Estado a proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad y a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales.
De acuerdo con los considerandos del decreto, la decisión responde a la persistencia de una “grave perturbación del orden interno” asociada al aumento de delitos como homicidios, sicariato, extorsiones, asaltos y atentados vinculados a organizaciones criminales. Informes de la Policía Nacional alertan que los niveles de criminalidad en Lima y Callao se mantienen en rangos críticos, por lo que se considera necesario prolongar el régimen excepcional para recuperar el control del territorio.
La prórroga del estado de emergencia regirá por treinta días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025, en toda Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. En este periodo, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno y determina, sobre la base de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito, las zonas específicas de intervención, con el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas.
El dispositivo habilita operativos conjuntos de patrullaje motorizado y a pie, controles de identidad, inspecciones en inmuebles y vehículos, así como acciones focalizadas contra bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato, el tráfico de armas y otros delitos de alto impacto. Las fuerzas combinadas pueden reforzar la presencia en corredores viales, terminales de transporte, áreas comerciales y espacios públicos con alta afluencia, especialmente en la temporada de fin de año.
En el marco del estado de emergencia, se restringen de manera específica derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme a lo previsto en la Constitución y en la normativa sobre estados de excepción. Estas restricciones se aplican en las áreas y horarios que definan las autoridades, con el fin de facilitar las operaciones de seguridad y la desarticulación de organizaciones criminales.
Las disposiciones pueden incluir, entre otras medidas, la intensificación de intervenciones policiales en barrios catalogados como críticos, el control estricto de motos lineales y vehículos sospechosos, así como la fiscalización de locales donde se presuma la comisión de delitos. El Ejecutivo deberá remitir un informe al término del período de 30 días para evaluar los resultados de la prórroga y decidir si corresponde una nueva extensión, ajustes en la estrategia o el levantamiento progresivo de las restricciones.
La ampliación del estado de emergencia ha reavivado el debate sobre la eficacia de este tipo de medidas frente a la criminalidad y su impacto en los derechos ciudadanos. Diversos especialistas en seguridad y organizaciones de la sociedad civil advierten que los estados de excepción no pueden sustituir políticas integrales de prevención, reforma policial, fortalecimiento de la justicia penal y lucha contra la corrupción.
No obstante, sectores empresariales y vecinales de Lima y Callao consideran que la presencia reforzada de las fuerzas del orden genera una percepción de mayor resguardo, especialmente en zonas comerciales y de transporte donde se registran asaltos y extorsiones recurrentes. El Gobierno, por su parte, sostiene que la prórroga busca consolidar operaciones en curso contra mafias locales y redes de crimen organizado transnacional.
