La expresidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, salió en libertad este jueves luego de permanecer casi cinco años recluida en el penal femenino de Miraflores, en La Paz. Su liberación se produjo tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la sentencia de 10 años de prisión dictada en su contra en 2022 por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El fallo del TSJ determinó que el proceso seguido contra Áñez no cumplió con los procedimientos establecidos para juzgar a un exmandatario, ya que, según la Constitución boliviana, los expresidentes deben ser procesados mediante un juicio de responsabilidades, previa autorización de la Asamblea Legislativa.
“He soportado una persecución política injusta. Hoy confío en que Bolivia podrá avanzar hacia la reconciliación y la verdad”, declaró Áñez a la salida del penal, donde fue recibida por familiares, simpatizantes y representantes de organizaciones opositoras.
Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral y protestas generalizadas. Su gestión duró menos de un año, pero estuvo marcada por la represión de manifestaciones en Senkata y Sacaba, hechos que derivaron en decenas de muertos y fueron catalogados por organismos internacionales como violaciones a los derechos humanos.
En 2021 fue detenida y posteriormente condenada a diez años de prisión, acusada de haber asumido la presidencia sin el aval del Congreso y de promover un “golpe institucional”. La sentencia fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, que denunciaron irregularidades procesales y falta de garantías judiciales.
El nuevo fallo del TSJ ha generado posiciones encontradas. Mientras que el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, calificó la decisión como un “retroceso en la búsqueda de justicia”, la oposición boliviana celebró el hecho como una “victoria del Estado de derecho”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la decisión de revisar el proceso judicial, recordando que “toda persona, independientemente de su cargo o filiación política, debe tener derecho a un juicio justo”.
Áñez aún enfrenta otros procesos pendientes relacionados con supuestos actos de corrupción y las muertes ocurridas durante su mandato. No obstante, sus abogados adelantaron que solicitarán el cierre de las causas conexas, alegando persecución política.
