El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que el jefe de Estado interino, José María Balcázar, podría enfrentar una investigación fiscal y eventual proceso penal cuando culmine su mandato, a raíz de la denuncia que lo acusa de impulsar una ley que benefició directamente a su hijo. El legislador sostuvo que este tipo de hechos no está protegido por el artículo 117 de la Constitución, que limita los delitos por los que se puede acusar a un presidente en ejercicio, por lo que el caso podría ser materia de indagación una vez que deje el cargo.
“Se le puede abrir una investigación preliminar y, a partir del 29 de julio, cuando deje de ser presidente de la República, eventualmente, si hay responsabilidad, podría ser procesado”, señaló Rospigliosi, al comentar el reportaje que reveló que Balcázar promovió una norma que permitió el nombramiento de su hijo como docente universitario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La denominada Ley 32171 autorizó de manera excepcional la designación de profesores en universidades públicas y habilitó el nombramiento de docentes contratados como auxiliares y asociados sin concurso público, disposición que, según el informe periodístico, habría eliminado requisitos que el hijo del mandatario no cumplía en procesos anteriores.
El informe también reveló que Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso para el periodo 2025-2026, sin transparentar el vínculo familiar, lo que ha sido calificado por especialistas como un presunto conflicto de intereses y una vulneración al código de ética parlamentaria. Rospigliosi precisó, sin embargo, que mientras el congresista ejerza la Presidencia de la República, su condición parlamentaria está “en suspenso”, por lo que no podría ser sometido a un proceso en la Comisión de Ética, quedando pendiente cualquier eventual responsabilidad para cuando abandone Palacio de Gobierno.
