La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que se está llevando a cabo “un golpe a la democracia” con la decisión de reincorporar a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público y afirmó que se pretende “sacarla por la fuerza” del cargo.
En un video publicado en sus redes sociales, advirtió a la comunidad nacional e internacional que este hecho “parecería el primer paso de un golpe al estado democrático del país”.
“El día de hoy se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal de la Nación, fui elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre del 2024, prestando juramento ante la nación y de manera pública el 8 de noviembre del mismo año”, expresó.
“Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Alertamos a la comunidad nacional e internacional que esto parecería el primer paso de un golpe al estado democrático del país”, agregó.
“Por eso, hago responsable al Ministerio del Interior, institución que desde las 8 de la mañana del día de hoy debió enviar seguridad y hacerse presentes para custodiar las instalaciones y garantizar la seguridad de los fiscales que trabajamos aquí”, manifestó.
“Hago responsable a las autoridades competentes frente a cualquier atentado a mi seguridad personal y de los fiscales y trabajadores”, añadió.
Finalmente, Delia Espinoza remarcó que el Ministerio Público es un “bastión que va a seguir defendiendo la democracia, el estado constitucional de derecho y los derechos humanos”.
El caso
Como se recuerda, el último viernes la JNJ dejó sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, así como a las magistradas Enma Benavides y Azucena Solari Escobedo.
La decisión fue adoptada tras declarar la “nulidad de oficio” de todo lo actuado en el procedimiento disciplinario, retrotrayéndolo hasta antes de la emisión del Informe de Instrucción N.° 063-2024.
Mediante resolución oficial, la JNJ estableció que “se cancele y deje sin efecto las medidas disciplinarias de destitución impuestas (…) quedando rehabilitados sus respectivos títulos para su inmediata reincorporación a sus instituciones, siempre y cuando no exista mandato judicial o administrativo en contrario”.
