El Gobierno oficializó la declaratoria de estado de emergencia en diversos distritos de diez regiones del país debido al peligro inminente ocasionado por las intensas lluvias proyectadas para los próximos meses.
Así lo establece el Decreto Supremo N.° 034-2026-PCM publicado en el diario oficial El Peruano.
La norma, que lleva las firmas del presidente José María Balcázar, la presidenta del Consejo de Ministros Denisse Miralles y varios ministros de Estado, establece que la medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y se aplicará en localidades específicas donde se prevé un alto nivel de riesgo.
¿QUÉ REGIONES ESTÁN INCLUIDAS?
Las regiones incluidas en la declaratoria son Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín.
De acuerdo con el decreto, la decisión se sustenta en informes técnicos elaborados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).
Estas entidades advirtieron sobre escenarios climáticos adversos para el periodo marzo–mayo de 2026, los cuales podrían afectar la vida y la salud de la población, así como actividades productivas como la agricultura y la ganadería en las zonas expuestas.
El documento también señala que la capacidad operativa y financiera de los gobiernos regionales involucrados resulta insuficiente para afrontar la magnitud de los riesgos, por lo que se requiere la intervención del Gobierno Nacional.
Durante el periodo de emergencia, las autoridades regionales y locales deberán ejecutar acciones inmediatas orientadas a la reducción del riesgo, la atención de emergencias y la rehabilitación de las zonas afectadas.
Estas labores serán supervisadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y contarán con la participación de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Salud, Defensa, Vivienda y Transportes.
El decreto también precisa que las acciones previstas se financiarán con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin generar gastos adicionales para el Tesoro Público.
