El Gobierno ejecutó un plan de austeridad al publicar el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, una norma que impuso fuertes restricciones al gasto estatal con el fin de recuperar el equilibrio fiscal.
La medida respondió al incremento del déficit, que alcanzó el 2.4% del PBI en septiembre y superó el límite legal de 2.2% fijado para este año. Según el Ejecutivo, las disposiciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025 y permitirán alcanzar un ahorro estimado de S/ 1,200 millones.
La disposición prohíbe a las entidades del Poder Ejecutivo iniciar nuevos compromisos financieros en rubros considerados no prioritarios, como consultorías, contrataciones CAS, publicidad, celebraciones institucionales y eventos.
También bloquea la certificación presupuestaria en servicios de impresión y asesorías externas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que el objetivo es redirigir los fondos hacia actividades esenciales y reforzar la disciplina fiscal en todas las instituciones públicas.
Restricciones y supervisión directa
El decreto también suspendió la habilitación de presupuesto para proyectos de inversión pública que no cuenten con contrato firmado o ejecución física iniciada. Solo los componentes en marcha podrán continuar recibiendo financiamiento.
La Dirección General de Presupuesto Público asumirá la supervisión directa de estas medidas y podrá autorizar excepciones en casos justificados para garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales.
“La austeridad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para proteger la estabilidad económica del país y garantizar que cada sol del Estado se utilice con eficiencia y transparencia”, subrayó la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, al explicar los alcances del decreto.
Añadió que las restricciones “son necesarias para cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”.
Centralización del ahorro y excepciones
Los recursos liberados por la aplicación del decreto serán transferidos a la Reserva de Contingencia, un fondo que el MEF podrá destinar a emergencias o a requerimientos críticos del Estado.
La norma contempla excepciones para determinadas transferencias financieras, entre ellas las dirigidas a la Caja de Pensiones Militar Policial, el programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud, que no estarán sujetas a las restricciones generales.
Los titulares de cada pliego presupuestal serán responsables del cumplimiento de las medidas, mientras que el Ejecutivo evaluará al cierre del próximo año si la política de austeridad logró contener el déficit.
El decreto fue refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Julio Álvarez Miranda, y la ministra Miralles, y promulgado por el presidente José Enrique Jerí Oré, quien ratificó su compromiso de restablecer la estabilidad fiscal del país.
