El Gobierno español ha reforzado la prohibición de los espectáculos cómico-taurinos que humillan o denigran a personas con discapacidad, especialmente aquellos con enanismo, mediante un real decreto aprobado el 24 de febrero de 2026. Esta medida responde a décadas de críticas por prácticas discriminatorias en eventos como los «shows de enanitos toreros» o «bombero-torero», que involucraban a participantes con discapacidad simulando lides taurinas para burla pública.
Modificaciones legales clave
El real decreto altera el artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos (Real Decreto 145/1996), incorporando un apartado 4 que declara: «Los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad». Así, las autoridades gubernativas quedan impedidas de autorizar estos eventos, eliminando lagunas legales que permitían su celebración en ferias locales. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor inmediata.
Contexto histórico y sanciones
Estos espectáculos ya vulneraban la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 13/1982), pero su reforma en curso —aún en trámite parlamentario— los clasifica como infracciones muy graves, con multas de hasta 1 millón de euros y clausura de recintos. Incidentes recientes, como el denunciado en Teruel en 2024 por el Ministerio ante la Fiscalía, y una modificación previa en julio de 2025, aceleraron esta prohibición total. Organizaciones como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y AnimaNaturalis aplauden la medida por proteger la dignidad humana y avanzar contra la tauromaquia discriminatoria.
Reacciones y alternativas
Promotores como los «bomberos toreros» protestan, alegando pérdida de tradición y empleo, y amenazan con recursos judiciales, argumentando que la norma es «prohibicionista» y atenta contra la libertad cultural. En contraste, el Gobierno promueve programas como «Pisadas con dignidad», que ofrece formación y reinserción laboral a participantes habituales de estos shows. Esta prohibición se enmarca en un debate más amplio sobre la tauromaquia en España, con regiones como Cataluña y Baleares ya vetándola por completo, mientras otras defienden su patrimonio cultural.
