El Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de partidas por S/ 224,7 millones a favor de entidades del Gobierno Nacional, con el objetivo de financiar gastos de seguridad y supervisión vinculados a las Elecciones Generales y a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los recursos provienen de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se enmarcan en lo dispuesto por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
¿Qué entidades se benefician con la transferencia?
Según el Decreto Supremo N.º 031-2026-EF, la transferencia está dirigida principalmente al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para solventar el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como las labores de supervisión y fiscalización electoral. Estas instituciones deberán destinar los recursos exclusivamente a los fines autorizados, bajo responsabilidad administrativa y legal.
El monto se suma a los S/ 702,4 millones previamente transferidos a la ONPE y al JNE para la organización de los comicios, así como a los S/ 1.470 millones incluidos en el presupuesto 2026 y a S/ 538 millones asignados durante 2025. En conjunto, estos recursos buscan asegurar la logística, la instalación de mesas de sufragio, el resguardo del material electoral y la adecuada supervisión del proceso en todo el territorio nacional.
Garantizar un proceso electoral seguro y transparente
El Ejecutivo señaló que la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía será fundamental para resguardar los locales de votación, proteger a los funcionarios electorales y garantizar que millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad y orden público. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, remarcó que la decisión reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad democrática y con la realización de elecciones “ordenadas, eficientes y transparentes”.
El MEF destacó que la transferencia se enmarca en una planificación fiscal responsable y forma parte de la programación financiera diseñada para asegurar que los procesos electorales de 2026 se desarrollen sin contratiempos logísticos ni operativos. Con estos recursos adicionales, el Sistema Electoral dispone de un mayor margen para cubrir desplazamientos, seguridad, supervisión y contingencias propias de unos comicios de alcance nacional.
