La ola de criminalidad que azota el país, y que en las últimas semanas tuvo más incidencia en Lima y Callao incluso pese a la vigencia del estado de emergencia, se refleja directamente en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. En setiembre, el 38% de peruanos señalaron que conocían sobre casos de extorsión en su entorno social, según Datum Internacional. La capital y la zona norte tenían las cifras más altas, por encima del 40%. Según datos del INEI, el 85,9% declaraba sentirse inseguro en las calles.
Frente a ello, la transferencia de recursos de las autoridades para enfrentar la delincuencia no avanza a una velocidad adecuada. A casi dos meses para culminar el año, a los gobiernos locales les queda por gastar el 37,2% del programa presupuestal 0030, denominado “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. De los S/1.956 millones asignados este año, a la fecha no se han invertido S/726,7 millones.
Esto cobra mayor relevancia en las zonas más golpeadas por la ola de inseguridad. En los nueve primeros meses del año, las regiones de Tumbes, Callao, La Libertad, Lima Provincias, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Ica, Amazonas, Moquegua y Pasco han registrado las más altas tasas de denuncias por homicidio, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Pero, al mismo tiempo, a cuatro de éstas les falta gastar más del 40% de los fondos asignados para enfrentar la delincuencia.
De este grupo, el mayor retraso lo tiene Madre de Dios, la más afectada por la minería ilegal. A la fecha, las autoridades de esta región solo han ejecutado el 38,5% de sus recursos de este rubro. En el Callao y La Libertad, que reportan la segunda y la tercera tasa más alta de homicidios denunciados este año, queda por invertir el 41% y 42,5% del programa presupuestal 0030.
Factores detrás
Cecilia Caparachín, especialista en temas de seguridad, resaltó que la falta de capacidad técnica y temas como la corrupción impiden diseñar buenos proyectos donde asignar los recursos públicos. “Tienes municipalidades que reciben pocos fondos y además no los ejecutan, alrededor del 12% de los municipios no tiene el plan de acción de seguridad ciudadana, según la Contraloría. La dirección del Mininter encargada de liderar la asistencia a estos tampoco tiene personal. Los gobiernos regionales deberían tener más presencia, no tanto presupuestal, sino en temas de articulación”, explica.
Para el caso de Madre de Dios, Edgar Cáceres, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), señaló que a nivel del gobierno regional se requiere de por lo menos S/60 mil para monitorear la ejecución municipal de los fondos de seguridad, pero este año solo han recibido S/5 mil. “Los presupuestos son muy bajos, la municipalidad de Fitzcarrald que es la más alejada no tiene ni siquiera personal de serenazgo. Hay preocupación por la inseguridad, especialmente en Puerto Maldonado. Se deben mejorar los operativos policiales dentro de la ciudad acompañada del serenazgo y de la fiscalía”, dijo.
