Ecuador y Colombia escalaron una guerra comercial con aranceles recíprocos del 30% a productos clave y suspensión mutua de exportaciones estratégicas, motivada por disputas fronterizas y déficits comerciales. Ecuador inició el conflicto el 21 de enero con una «tasa de seguridad» del 30% a 20 productos colombianos y cargo extra al petróleo por el Oleoducto de Crudos Pesados, acusando a Bogotá de insuficiente cooperación contra narcotráfico en la frontera.
El presidente Daniel Noboa (Ecuador) anunció las medidas desde Davos, citando un déficit comercial de USD 849 millones a favor de Colombia (exportaciones colombianas USD 1.529 millones vs. importaciones USD 680 millones en 2025) y falta de apoyo en seguridad fronteriza, donde carteles elevan la violencia ecuatoriana. Colombia respondió con arancel espejo a 20 productos ecuatorianos (USD 250 millones afectados), suspensión inmediata de ventas de electricidad —de las que Ecuador depende fuertemente— y disposición al diálogo técnico.
La escalada amenaza empleos y ventas en regiones fronterizas como Antioquia, Valle y Atlántico en Colombia, y exportadoras ecuatorianas dependientes en un 100% del mercado colombiano; analistas advierten desventaja para Quito por su menor peso comercial. Ambos gobiernos califican las medidas como «proporcionales y temporales», pero líderes empresariales urgen negociación vía mecanismos bilaterales existentes.
Noboa alinea con Trump en políticas antinarcóticos y arancelarias, mientras Petro defiende cooperación activa (operaciones antinarcóticos conjuntas); expertos ven riesgo de recesión local si no se resuelve pronto, afectando integración andina.
