Los ataques a unidades del transporte público no han cesado en lo que va de este año. Conductores y cobradores siguen siendo amenazados e incluso asesinados. Por ello, como parte de un plan integral para reforzar la seguridad de usuarios y operadores de este servicio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU)instalará a partir de agosto y de forma progresiva cámaras de videovigilancia y botones de pánico en buses y taxis de Lima y Callao.
¿El objetivo? Contribuir a reforzar la seguridad en el transporte público a través de estos elementos disuasivos y reunir la evidencia necesaria para que las extorsiones y los homicidios no queden impunes. Así lo indicó el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández.
Newsletter Buenos días
Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.Desuscribirme
Se trata de un total de 16.200 cámaras de videovigilancia, que se instalarán en 8.000 buses y 100 taxis autorizados. La ATU ya ha iniciado el proceso para adquirir los dispositivos.
¿Cómo funcionarán las cámaras?
Las cámaras serán instaladas en buses seleccionados aleatoriamente bajo criterios técnicos establecidos por la ATU. No obstante, se priorizarán a las unidades que cubran aquellas rutas con mayor incidencia delictiva, como las de la zona norte de Lima y San Juan de Lurigancho.
Asimismo, cada equipo contará con un botón de pánico para emitir alertas en tiempo real. La ATU será quien gestione el monitoreo en tiempo real a través de su Centro de Gestión y Monitoreo, desde donde se canalizarán alertas y se coordinará la respuesta con las autoridades.
“Tener cámaras a bordo permitirá registrar incidentes y aportar evidencia clave para nuestra Policía Nacional y la Fiscalía”, resaltó Hernández a la Agencia Andina.
Cabe decir que las bases del concurso para el otorgamiento de la buena pro de este servicio integral para la instalación de cámaras de videovigilancia en buses y taxis ya fueron publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Hernández detalló que la adjudicación del servicio avanza conforme al cronograma. “El 16 de junio, culminó la integración de bases y el 24 o 25 de junio se presentarán las propuestas. Está caminando dentro del proceso del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)”, precisó.
En tanto, tras el primer paro de transportistas el pasado 26 de septiembre, el Ejecutivo informó a la población que instalaría cámaras de videovigilancia tanto dentro como fuera de unidades de transporte urbano que operan por los distritos de la capital.
Según lo anunciado en aquella ocasión por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, la grabación obtenida quedará almacenada en un disco duro instalado dentro de la unidad, pero también en la nube, de manera que si se destruye la cámara interna, la información quedará guardada.
Botones de pánico
Respecto a la instalación de los botones de pánico, en mayo pasado, la ATU informó que este sistema deberá generar un registro de incidencia, almacenando la fecha y hora del incidente con las grabaciones de las cámaras y la ubicación con coordenadas del GPS.
El botón de pánico será de uso exclusivo del conductor, quien al activarlo emitirá una alarma en tiempo real al Centro de Control y Monitoreo de la ATU, generando un registro de dicha incidencia.
Asimismo, el contratista brindará soporte técnico para la resolución de problemas técnicos del equipamiento en los buses y en el Centro de Control y Monitoreo de la ATU, durante el periodo del servicio, los siete días de la semana.
¿Medida es efectiva contra la criminalidad?
Frank Casas, experto en inseguridad y crimen organizado, dijo a El Comercio que por el momento no es posible saber si esta medida será efectiva, ya que se desconoce si existe o existió alguna experiencia positiva que nos haga suponer que las cámaras en buses y taxis previenen el delito.
De hecho, agregó, un elemento a tomar en cuenta es que dicha medida será aplicado en buses y taxis que se desplazan en “zonas con alta incidencia delictiva”. “El problema con ello es que dichas zonas se definen con datos de denuncia policial, pero mucha gente no denuncia. Es decir, es un dato sesgado que puede inducir a error en la focalización. Podemos dejar de lado zonas que realmente lo ameritan”, señaló.
Para determinar las características de las cámaras de videovigilancia, Casas consideró que en principio el gobierno debería indicar cuántos casos de extorsión y sicariato se han dado en buses y taxis, en qué tipo de vehículos, con qué condiciones físicas y tecnología. “Y qué hacemos con los otros escenarios donde se matan y extorsionan, ¿vamos a llenar de cámaras cada esquina del país?, ¿cada hogar?“; expresó.
Casas también comentó que no se tiene claridad técnica sobre la ubicación de las cámaras en las unidades. Por ejemplo, si estás serán instaladas solo dentro del vehículo o también por fuera, ya que los sicarios en motos disparan desde afuera del bus.
“Esta medida parece responder a compromisos políticos del gobierno con el gremio de transporte, pero sin evidencia de que ello permitirá evitar el delito“, opinó.
En tanto, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, indicó que, con respecto a los botones de pánico, son una herramienta que existe en múltiples países como parte de la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, estos tienen sentido cuando tienes se cuneta con centros de comando, cómputo y comunicación integrados e integrales, que puedan vigilar la ciudad por completo. Si ello no se puede garantizar una respuesta efectiva.
“Tengo esa resistencia, porque en Lima Metropolitana no contamos con un centro así que puede integrar todas las cámaras de Lima, apenas con un 105, que es muy débil. Necesitamos tener ya distribuidos estratégicamente las unidades policiales en diversas rutas o sectores que puedan reaccionar de manera inmediata ante un aviso de pánico. Un botón de pánico sin respuesta inmediata es algo que genera más frustración“, detalló.
Por otra parte, Valdés explicó que un servicio de videovigilancia o de registro de imágenes que no esté conectado con un sistema de inteligencia estratégica, operativa, o por lo menos con un sistema de inteligencia que permita identificar rostros y cruzar esa información con bases de datos donde se encuentren potenciales criminales, tampoco sirve, porque lo único que se constituye simplemente es un repositorio de una actividad delictiva.
“Simplemente se va a registrar un hecho delictivo y va a quedar para la evidencia y además me parece que estas cámaras van a ser insuficientes. En Lima creo que hay solo a nivel formal 22 mil unidades habilitadas, sin contar las informales, que son donde se suele producir el delito. Entonces, no sé cómo van a actuar con ese universo de unidades”, añadió.
Valdés también dijo que parece no tener sentido que sea la ATU quien registre la actividad de los botones de pánico mediante su unidad de gestión y monitoreo, y que luego de la alerta a la policía. Sostuvo que así la capacidad de respuesta se mediatiza, con lo cual se conseguirá que esta capacidad de respuesta llegue tarde, a constatar el delito y no a prevenirlo.
“Ante las serias dificultades que están teniendo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para dar resultados precisos, es que el ATU se está haciendo cargo de temas que en realidad debería ver el Ministerio del Interior. Porque en realidad las competencias de la ATU tienen que ver con la seguridad diaria y operativa, no con la seguridad ciudadana o criminal. El registro, si se lleva a cabo, debía estar en manos de la policía para que llegue inmediatamente“, puntualizó.
Fuente de la ATU comunicaron que se están afinando algunos detalles sobre esta medida y que en los próximos días se comunicarán.
Cifras de extorsiones a buses
Las extorsiones acechan cada día a los operadores de transporte público. Solo en lo que va del 2025, al menos 15 conductores han sido asesinados, mientras muchos otros viven bajo amenaza constante ya que si no pagan, son intimidados.
Un informe de El Comercio reveló que en setiembre del 2024, cuando dos paros de transportistas inmovilizaron la ciudad, el 10% de empresas de este rubro de Lima y Callao eran víctimas de extorsión. Para febrero del 2025, son el más del 60%.
Dicha cifra subió a más del 70% para abril de este año. Dos de las víctimas mortales de estos ataques fueron Paul López, padre de dos pequeñas y chofer de la empresa Aquarius, que va desde San Martín de Porres hasta Chorrillos, y Loymer Benigno, padre de tres hijos y conductor de la empresa Etuchisa, conocida como ‘El Chino’.
