El Parlamento de Israel (Knesset) aprobó en primera lectura una polémica ley que busca imponer la pena de muerte obligatoria a quienes cometan asesinatos con motivación nacionalista o terrorista. La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, obtuvo 39 votos a favor y 16 en contra, marcando un giro drástico en la política penal del país.
El texto legislativo establece que toda persona declarada culpable de asesinar a un ciudadano israelí “por odio racial, nacionalista o con el fin de dañar al Estado de Israel” deberá recibir una condena de muerte sin posibilidad de conmutación. Además, la norma propone que la decisión judicial pueda tomarse por mayoría simple, eliminando la exigencia de unanimidad entre los jueces.
Aunque la pena de muerte existe en la legislación israelí desde la fundación del Estado, solo se ha aplicado una vez en su historia civil: la ejecución de Adolf Eichmann en 1962, uno de los principales responsables del Holocausto. Desde entonces, ningún condenado ha sido ajusticiado, y los gobiernos sucesivos han mantenido una política de contención frente a su aplicación.
Sin embargo, el contexto actual —marcado por el recuerdo de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás— ha reavivado el debate sobre la seguridad nacional y la respuesta del Estado ante el terrorismo. Ben-Gvir defendió la propuesta como una medida de “justicia y disuasión”, argumentando que “la vida de los ciudadanos israelíes debe ser protegida con la máxima firmeza”.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron el proyecto, calificándolo de “discriminatorio” y alertando que podría aplicarse de manera desproporcionada contra palestinos. Por su parte, varios partidos de oposición israelíes expresaron su preocupación por lo que consideran una amenaza a los valores democráticos del país.
El líder de la oposición, Yair Lapid, declaró ante la prensa:
“Esta ley erosiona los cimientos morales del Estado de Israel y nos aleja de las naciones democráticas del mundo. La pena de muerte no traerá seguridad, sino más odio”.
Desde Washington y Bruselas, portavoces de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea instaron a Israel a reconsiderar la iniciativa, recordando que la pena de muerte es contraria a los compromisos internacionales de derechos humanos. En el ámbito regional, el anuncio generó rechazo en la Autoridad Palestina, que calificó la ley como “una herramienta de represión política y racial”.
La ley deberá pasar tres lecturas adicionales antes de ser promulgada. Si logra la aprobación final, Israel se convertiría en el primer país democrático de Medio Oriente en reimplantar formalmente la pena capital como castigo obligatorio para delitos de terrorismo.
Analistas coinciden en que el debate irá más allá del plano jurídico: será una prueba del equilibrio entre seguridad nacional, justicia y derechos humanos en un país donde la tensión política y social sigue en aumento.
