El fiscal peruano José Domingo Pérez anunció que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva, y afirmó que su situación responde a una persecución política.
Durante sus declaraciones, Pérez sostuvo que Castillo es “un preso político” y que se encuentra “secuestrado”, cuestionando la legalidad del proceso judicial en su contra. Estas afirmaciones han generado una inmediata reacción en el ámbito político y jurídico del país.
El exmandatario permanece detenido mientras enfrenta investigaciones por presuntos delitos vinculados a su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, hecho que derivó en su destitución y posterior arresto.
La decisión de Pérez de asumir la defensa abre un nuevo capítulo en el caso, que continúa polarizando a la opinión pública peruana, en medio de un clima de tensión política y debate sobre la independencia de las instituciones.
