La justicia estadounidense ordenó mantener el acceso de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, al considerar que la prohibición impuesta por Donald Trump probablemente vulnera derechos constitucionales relacionados con la libertad de prensa y el debido proceso.
Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Administración del presidente Donald Trump mantener las acreditaciones de los periodistas de CNN, MS NOW y Politico para ingresar a la Casa Blanca, mientras continúa el proceso judicial iniciado por los tres medios de comunicación contra las restricciones impuestas por el mandatario.
La decisión fue adoptada el martes 13 de octubre por el juez Timothy Kelly, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, quien concedió una medida cautelar preliminar que impide ejecutar la prohibición anunciada por Trump el pasado 18 de septiembre.
En su resolución, el magistrado consideró que las organizaciones periodísticas tienen posibilidades de demostrar que la medida presidencial vulneró sus derechos constitucionales, particularmente los contemplados en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa, y en la Quinta Enmienda, relacionada con las garantías del debido proceso.
El fallo representa un nuevo episodio en el enfrentamiento entre la Administración estadounidense y determinados medios de comunicación, cuyas coberturas han sido cuestionadas reiteradamente por el presidente.
UNA PROHIBICIÓN POR EL CONTENIDO INFORMATIVO
La controversia comenzó el 18 de septiembre, cuando Trump anunció la retirada de las acreditaciones permanentes de los periodistas pertenecientes a las tres organizaciones, a las que acusó de divulgar noticias falsas y presentar informaciones distorsionadas sobre su gestión.
Ante la decisión, CNN, MS NOW y Politico acudieron conjuntamente a los tribunales el 21 de septiembre, argumentando que la prohibición constituía una represalia por el contenido de sus publicaciones y una forma de discriminación basada en sus posiciones editoriales.
El 24 de septiembre, el juez Kelly había dictado una primera orden temporal que permitió restablecer las acreditaciones durante 14 días. Posteriormente, las organizaciones solicitaron ampliar la protección judicial para evitar que sus periodistas volvieran a ser excluidos mientras se resolvía el litigio.
La nueva resolución establece que las autoridades no podrán aplicar la decisión presidencial de septiembre hasta que exista una sentencia definitiva o un tribunal superior modifique la medida cautelar.
LA JUSTICIA CUESTIONA LA REPRESALIA CONTRA LA PRENSA
En su argumentación, Kelly señaló que las declaraciones públicas del propio presidente constituyen elementos relevantes para determinar si la retirada de credenciales estuvo motivada por el desacuerdo con la línea editorial de los medios afectados.
El magistrado sostuvo que existen fundamentos suficientes para considerar que la prohibición podría constituir una discriminación basada en puntos de vista, incompatible con las garantías constitucionales de libertad de expresión.
Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia defendieron la potestad presidencial para determinar qué periodistas pueden acceder a determinadas instalaciones gubernamentales. También argumentaron que las restricciones respondían a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la difusión de informaciones presuntamente incorrectas.
No obstante, el juez consideró que las justificaciones presentadas no eran suficientes para mantener la exclusión durante el proceso judicial.
Kelly también aclaró que su resolución no implica que las preocupaciones del presidente sobre la exactitud de las informaciones carezcan de fundamento, ni que el Gobierno esté impedido de adoptar medidas legítimas para proteger información clasificada.
EL ALCANCE DE LA DECISIÓN
La medida judicial beneficia a aproximadamente 78 periodistas vinculados con las tres organizaciones y les permite conservar sus acreditaciones de acceso a las instalaciones de la Casa Blanca.
Sin embargo, la resolución no garantiza automáticamente su participación en todos los actos presidenciales con espacios limitados ni su incorporación a los desplazamientos oficiales a bordo del Air Force One.
Los medios afectados habían denunciado que, incluso después de la primera orden judicial, algunos de sus reporteros encontraron obstáculos para desempeñar determinadas funciones de cobertura.
El abogado Theodore Boutrous, representante de las organizaciones demandantes, celebró la decisión y sostuvo que constituye una protección frente a posibles represalias gubernamentales por informaciones críticas.
Aunque la resolución supone una victoria provisional para los demandantes, el tribunal todavía deberá pronunciarse sobre el fondo del litigio.
El caso mantiene abierto un debate jurídico sobre los límites de la autoridad presidencial para regular el acceso de los periodistas y las garantías constitucionales que protegen el ejercicio independiente del periodismo en Estados Unidos.
