l gobierno de Estados Unidos intensificó su discurso en la lucha contra el narcotráfico transfronterizo, anunciando la evaluación de “medidas adicionales” para frenar las operaciones de los cárteles en el lado mexicano de la frontera sur. En rueda de prensa, la portavoz presidencial Karoline Leavitt confirmó que el presidente Donald Trump mantiene abiertas distintas opciones de acción, incluidas intervenciones militares dirigidas a redes de narcotráfico, tras el incremento de operativos desde septiembre que han dejado 83 fallecidos en el Caribe y el Pacífico.
Estos operativos han generado debates dentro y fuera de Estados Unidos sobre su legalidad y el respeto a la soberanía mexicana. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió de manera firme asegurando que su gobierno “no permitirá intervenciones militares extranjeras” y sólo accedería a cualquier cooperación de ese tipo si fuera solicitada expresamente por las autoridades mexicanas. El tono institucional de ambos gobiernos muestra el delicado equilibrio entre la necesidad de colaboración en seguridad y el respeto por las competencias nacionales.
Mientras la administración Trump afirma estar “orgullosa” de los resultados alcanzados en la coordinación antinarcóticos e inmigración ilegal —calificada como histórica—, expertos advierten que el uso de métodos militares representa un riesgo de escalada diplomática y posibles repercusiones en la relación bilateral. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional revisa permanentemente alternativas legales y tácticas para presionar a las organizaciones criminales en la región, sin descartar un incremento del apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia para operaciones en la frontera.
El desarrollo de este escenario marca una nueva fase en la política de combate al narcotráfico del gobierno estadounidense, que contempla herramientas legislativas y militares en un contexto de alta sensibilidad política y social a ambos lados de la frontera.
